El Consejo de Estado dispone de un mes para elaborar la propuesta de reforma de la Constitución para limitar el aforamiento de los políticos que le ha encargado el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el plazo no es restrictivo, el Ejecutivo espera tener el informe a finales de octubre o primeros de noviembre, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno.
El jueves de la semana entrante, el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno y que preside por vez primera una mujer, la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, ha convocado un Pleno a las 12.30 horas para designar a los miembros de la comisión de estudio que trabajará en el informe.
El encargo del Ejecutivo consiste en que sea el Consejo de Estado el que proponga en qué sentido modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.
El Gobierno tan sólo le ha indicado al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.
Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de materializar en el plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.
El Consejo de Estado sí podría sugerir en su informe qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución.
No es habitual que el Gobierno encargue al Consejo de Estado la redacción de una propuesta legislativa, sino que lo que suele ocurrir es que al órgano consultivo le llegue una propuesta previamente elaborada por el Ejecutivo y que éste le pida opinión, como es preceptivo, al Consejo de Estado.
EL PRECEDENTE DE 2006
Pero en este caso se trata de una reforma, aunque muy limitada, de la Constitución. Y existe un precedente similar en 2005, cuando el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pidió al Consejo de Estado un estudio sobre la viabilidad de reformar algunos aspectos concretos de la Carta Magna referidos a la inclusión de la denominación oficial de las Comunidades Autónomas en la Constitución, la reforma del Senado, la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona y la integración de España en la Unión Europea.
El Consejo de Estado emitió su informe en 2006, que no fue a ningún lado, porque la reforma que tenía en mente el presidente Zapatero se aparcó. El órgano consultivo propuso entre otras cosas delimitar en la Constitución las competencias de las comunidades, que a su juicio son superiores a las de los Estados federales.
Como en 2006, este informe encargado por el Gobierno al Consejo de Estado sobre la reforma de los aforamientos deberá ser aprobado por el Pleno del organismo antes de que sea remitido al Ejecutivo.
Si el plazo de un mes que el Gobierno le ha dado al Consejo de Estado para elaborar el informe se quedase corto por la complejidad de la materia, el órgano consultivo puede, en virtud del artículo 133 de su reglamento, pedir al Ejecutivo que le conceda más tiempo.
Una vez que el Gobierno remita a las Cortes su propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar los aforamientos, ve posible tramitar este cambio en tan sólo 60 días. El Ejecutivo, además, ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida --y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención-- es obligado proceder a esa consulta.
