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Oriol Junqueras en una imagen de archivo. EUROPA PRESS - Archivo

El Ejecutivo de PSOE-Podemos no piensa ceder ni un ápice en su plan de desinflamar el conflicto con Cataluña en la vía judicial ya sea mediante gestos de la Fiscalía en la causa abierta sobre la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, o encarando una reforma del código penal que a la práctica signifique una rebaja de las penas a los líderes del ‘procés. Pedro Sánchez se juega mucho en esta fase de calentamiento antes de entrar a negociar los Presupuestos, en los que precisa del respaldo de los republicanos.

Pero los socios de la Generalitat, ERC y Junts per Catalunya, ven insuficiente la revisión del delito de sedición que ha planteado el Ejecutivo, ya que su apuesta sigue siendo la amnistía y piden, además, medidas concretas sobre la autodeterminación y la independencia. Según fuentes parlamentarias, esta sería la única moneda de cambio que aceptarán mientras se desarrolla el diálogo -que puede empezar tan pronto como esta semana con una reunión Sánchez-Torra-, se da estabilidad al flamante Gobierno y se avala el plan presupuestario que Sánchez tiene como objetivo tramitar antes del verano.

En las filas de los dos partidos independentistas se han encajado de forma desigual los pasos dados por Moncloa en los últimos días. Los junteros siguen en el inmobilismo y en la defensa de un referéndum como última frontera. Entre los republicanos, en cambio, hay división de opiniones y mientras algunos destacados miembros del Ejecutivo de Torra, como el vicepresident Pere Aragonès, se alinean con los neoconvergentes en el extremismo de sus reivindicaciones, otros, como Gabriel Rufián o el mismo líder de la formación, Oriol Junqueras, no quieren dibujar unas líneas rojas inflexibles.

De hecho, tanto el portavoz de ‘esquerra’ en el congreso como el presidente del partido condenado por el Tribunal Supremo rebajan las demandas a “avances en la mesa de negociación”. Si se cumplen los acuerdos" del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, "si la mesa de negociación marcha, si se sigue por la senda del diálogo y de negociación, si los presupuestos son buenos, decentes y dignifican la vida de la gente", ERC puede estar "para ayudar”, ha declarado Rufián, palabras de las que se ha hecho eco Junqueras.

Esta postura contrasta con la de Aragonès, quien se acerca a las tesis de Torra de cara a la reunión con el presidente del Gobierno que se ubica entre finales de enero y principios de febrero. El Govern regional encara este encuentro con el fin de resolver "un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña”, ha declarado.

Paralelamente, los republicanos se desentienden de las ofertas de Moncloa sobre la remodelación de la tipificación de los delitos de rebelión y sedición. Fuentes conocedoras declaran que esta proposición del Ejecutivo nunca formó parte de las negociaciones para la investidura y, aunque no rechazan el gesto, esquivan cualquier complicidad en el mismo aunque saben que tendrán que acabar dando la cara en el Congreso. Se requiren sus votos afirmativos para que la medida supere con éxito el trámite en la cámara baja, ya que se precisa una mayoría absoluta de 176 diputados.

LA REFORMA

Y mientras ERC juega a hacer ver que esto no va con ellos, en el Gobierno también defiende que la revisión de las penas por sedición o rebelión se debe a que es necesario "acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales" que se ajusten mejor al derecho comparado europeo, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

"Del Código Penal y de su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente de las Comunidades Autónomas. No forma parte de ese escenario", ha asegurado la vicepresidenta.

Calvo también ha avanzado que ya están "armando el proyecto de reforma" del Código Penal que llevarán al Congreso de los Diputados y que abordará la revisión de la tipificación de los delitos de rebelión y sedición y la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales.

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