- Podrían declarar una vez constituidas las nuevas cortes y perderían así su condición de aforados
- También está imputado el consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz, que ha dimitido
El juez de la Audiencia Nacional Eloy El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de imputados al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y a la consejera de Educación, Lucía Figar, para el próximo 26 de junio en el marco de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos que fueron destapadas a través de la 'operación Púnica', informaron fuentes jurídicas.
Victoria y Figar declararían en un principio el 26 de junio, siempre y cuando para esa fecha ya se haya constituido la nueva Asamblea de Madrid
El magistrado ha iniciado una nueva fase de la operación contra el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de comisiones. Victoria y Figar declararían en un principio el 26 de junio, siempre y cuando para esa fecha ya se haya constituido la nueva Asamblea de Madrid y ellos pierdan su condición de aforados, según destaca Europa press.
Los investigadores sitúan al número 2 de Ignacio González en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos en la Comunidad de Madrid.
Por su parte, Lucía Figar, consejera de Educación en la Comunidad de Madrid, ha sido desde hace años una fiel colaboradora de Esperanza Aguirre e incluso se llegó a rumorear que sería su sustituta. En las últimas semanas, su nombre ha vuelto a saltar a la luz como posible reemplazo para el Ministerio de Educación si finalmente José Ignacio Wert abandona la cartera.
MÁS DETENCIONES EN MURCIA Y LA DIMISIÓN DEL CONSEJERO JUAN CARLOS RUIZ
Además, el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones del Gobierno de Murcia, Juan Carlos Ruiz, ha sido también citado a declarar en calidad de imputado, que ha dimitido, en el marco de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos que fueron destapadas a través de la 'operación Púnica', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
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El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados
La imputación del consejero murciano en funciones se suma a las de la exdirectora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez; el ex concejal del PP en Cartagena y exjefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura; y la exdirectora del INFO, Reyes Samper, que presentaron su dimisión. Además, se detuvo al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y al exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo.
El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la operación Púnica.
Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales.
¿QUÉ ES LA OPERACIÓN PÚNICA?
La operación Púnica es un operativo policial dirigido al desmantelamiento de una trama de corrupción y tráfico de influencias dirigida y organizada por Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 y varias veces consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre.
El nombre de la operación es el de la denominación científica del granado, “Punica granatum”, y arrancó con el arresto el 27 de octubre pasado por la Guardia Civil de 51 personas, políticos, funcionarios y empresarios involucrados en operaciones irregulares –concesiones de servicios públicos, recalificación de terrenos, etc.- por un importe global calculado de 250 millones de euros.
Junto a Granados, actualmente en prisión, fueron detenidos seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle), el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.
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