El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta, en teoría, con los apoyos necesarios a la ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril que anunció este fin de semana. La medida se votará este miércoles en el Congreso y tanto PP como PNV han adelantado su respaldo. Sin embargo, las declaraciones de las últimas horas del líder popular, Pablo Casado, en las que ha cerrado filas con Murcia y otras comunidades que piden un cierre total, barruntan complicaciones en el hemiciclo, ya que los diputados tienen la potestad de enmendar la prórroga del PSOE y Podemos.
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Por ahora, el PP no ha cambiado su postura oficial. El lunes trasladó al jefe del Ejecutivo que su grupo apoyará la prórroga del confinamiento, aunque considere que ha "llegado tarde" y no es "suficiente". Sin embargo, a la vez, ha expresado su apoyo a otras opciones como la del cierre total de algunas regiones que ha planteado el Gobierno de Murcia, ya que, según ha dicho, esa petición es "sensata" y "compatible con la problemática" de cada autonomía. Además, ha recalcado que con una pandemia de estas características prefiere que se "peque por exceso" porque "es mejor prevenir que tener que curar".
La proclamación de los estados de alarma, de excepción y de sitio previstos en la Constitución (artículo 116) se regula mediante una ley orgánica que, en su artículo 162 establece que “los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga (del estado de alarma), hasta dos horas antes del comienzo de la sesión”. También reza que “finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado el Gobierno”.
En otras palabras, el PP tendría la fuerza suficiente para plantear una enmienda contra la propuesta del PSOE y Unidas Podemos -que también cuenta con el respaldo del PNV- para endurecer la cuarentena, tal como intentó hacer el presidente de Murcia, Fernando López Miras. En tiempos excepcionales como los que se viven, no se antoja descabellado que se diera una adhesión a esta opción de Vox, Ciudadanos, Bloque Nacionalista Galego, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, Navarra Suma y Teruel Existe; e incluso de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Bildu o Más País, para impulsar que se congele todo lo que no sean servicios esenciales a partir del 31 de marzo.
De hecho, ERC ya ha manifestado su intención de abstenerse mañana en la cámara baja. A pesar de las críticas al president de la Generalitat, Quim Torra, por tratar de rentabilizar políticamente su oposición a las medidas de Moncloa, los republicanos han comunicado este lunes que no votarán a favor de la prolongación de las medidas excepcionales otra quincena más. Junts per Cataluña tampoco las respaldará a no ser que contemplen sus exigencias. La secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, ha emitido un mensaje en vídeo para anunciar la postura del partido y en el que ha declarado que "el decreto del estado de alarma no está siendo resolutivo para luchar contra esta pandemia".
También ha manifestado que "se está haciendo un uso abusivo de este instrumento", ya que en su opinión se utiliza "para recentralizar y para quitar la capacidad decisión a los gobiernos (autonómicos) en vez de para paliar la pandemia". ERC pretende formar un frente común con JxCat, el Bloque Nacionalista Gallego y Bildu para "consensuar un nuevo estado de alarma".
El Govern catalán, en especial Torra y los junteros, han insistido desde antes que se impusiera el estado de alarma en el bloqueo total de infraestructuras, fábricas, obras públicas, construcciones privadas y despachos profesionales no esenciales. De hecho, la propuesta de los postconvergentes, que también ven con buenos ojos los republicanos, va más allá y se trata de impedir la circulación de personas dentro de la comunidad y con el resto de España, tal como se procedió con los municipios de la Conca d’Òdena (Barcelona). Este domingo, tras la conferencia de presidentes autonómicos, Murcia y Andalucía se hicieron eco de las reivindicaciones de Cataluña.
López Miras fue más allá y a pesar de la negativa de Moncloa su Gobierno regional dio la orden de ‘apagar’ su comunidad. Un acto de gesticulación política, ya que el Ejecutivo central no la ratificó. El andaluz Juanma Moreno, por su parte, se mostró partidario de aislar las zonas más afectadas como Madrid y parar la economía al completo. Sin embargo, se ahorró reproches a la actuación del Gobierno de coalición PSOE- Podemos y, al igual que otros líderes autonómicos, expresó su lealtad y solidaridad con sus decisiones.
Casado, no obstante, ha manifestado sus reservas con la petición del Gobierno regional de Murcia. "Apoyamos las reclamaciones que hagan los presidentes autonómicos del PP, pero no es la dirección nacional la que tiene que decir que lo que pide Murcia se haga. En las demás comunidades, por ejemplo Madrid, el cierre de toda actividad puede redundar en el suministro alimentario, en la pernoctación de profesionales sanitarios o policiales, o incluso en la capacidad operativa de las grandes infraestructuras del Estado como aeropuertos", ha indicado Casado.
A pesar de este 'ruido', los analistas políticos no creen que ninguna enmienda alternativa salga adelante. Bien porque el PP no quiere poner la zancadilla al Gobierno abiertamente y apuesta por mantenerse como un partido de Estado durante la crisis, no sin escatimar en críticas, bien porque la propuesta que puedan presentar los partidos regionalistas no tenga apoyos. Así, las apuestas están en que la extensión del PSOE triunfe. Y entretanto, Sánchez seguirá haciendo equilibrismos para que las medidas sean suficientemente drásticas como para frenar la curva de afectados, pero no tanto como para que la economía se hunda y millones de trabajadores acaben en el paro.
