Parece que ha pasado el susto de la supresión de la sicav y que al final Podemos ha aceptado apoyar los Presupuestos Generales del Estado sin esa exigencia. Pero el sector asume que más temprano que tarde el vehículo pasará a la historia. Y su final puede ser todavía peor para los partícipes si el PSOE aplica una propuesta de 2015: imputar al partícipe en el IRPF el beneficio de la sociedad.
Para acabar con lo que se considera un privilegio fiscal exclusivo de los ricos (pese a que es el mismo de los fondos de inversión), se pueden adoptar varias fórmulas. En las conversaciones entre el Gobierno y Podemos se habló de la supresión, directamente, del vehículo, sin especificar si se transformaría en una sociedad ordinaria, si habría un período transitorio, etc. Otra alternativa más sencilla es derogar su normativa fiscal y aplicarles el régimen general del Impuesto de Sociedades.
Ante estas fórmulas para acabar con las sicav, existen una serie de alternativas de las que ha dado cuenta Bolsamanía: la fusión con un fondo de inversión, traspasar el dinero a esos vehículos, domiciliar la sicav en Luxemburgo, transformarla en sociedad ordinaria o suscribir un unit linked.
Pero hay una tercera opción que sería mucho más dolorosa... y que proponía el propio PSOE de cara a las elecciones de 2016. En una entrevista con Expansión, Manuel de la Rocha -entonces secretario de Economía del partido y actualmente director general de Asuntos Económicos en el gabinete de la Presidencia del Gobierno- planteaba establecer algún tipo de renta imputada en las sicav e incluso en los fondos de inversión.
"La renta imputada afectará a todo el patrimonio, también al inmobiliario. No habrá doble tributación, porque al vender se liquidaría con Hacienda", aseguraba De la Rocha, quien lo justificaba para "evitar lo que ocurre ahora que los contribuyentes con más dinero meten el dinero en una sicav y nunca pagan nada, y al fallecer pasa a sus hijos con lo que el contador de las plusvalías se pone a cero y vuelta a no pagar nada".
IMPUTAR AL PARTÍCIPE EL BENEFICIO DE LA SICAV
¿De qué estaba hablando De la Rocha? Pues de aplicar a este vehículo el principio de transparencia fiscal, que consiste en Imputar a sus socios los beneficios o pérdidas obtenidos y que estos integren lo imputado en la base imponible de su impuesto personal, es decir, del IRPF. En román paladino: que los inversores paguen por los beneficios de la sicav en el IRPF al tipo del ahorro (entre el 19% y el 23%) en vez de que el vehículo tribute en Sociedades al 1%.
Imputar las rentas al partícipe no solo acabaría con las ventajas de las sicav, sino que impediría su traslado a Luxemburgo
Como es evidente, una medida así acabaría de golpe y porrazo con las ventajas fiscales de las sicav y podría aplicarse a otros instrumentos como los fondos o las socimi. Pero también puede hacerlo a las sicav luxemburguesas, con lo que anularía la posibilidad de llevarse el vehículo a ese país y acorralaría a los titulares actuales de sicav, que se quedarían sin una de las principales alternativas (aunque únicamente rentable a partir de 10 millones de patrimonio).
¿QUÉ HACER CON LOS PARTÍCIPES MINORITARIOS?
La solución de la imputación de rentas chocaría con dos grandes obstáculos, según expertos fiscalistas consultados. El primero es que hay muchos pequeños partícipes de sicav (se pueden comprar acciones de cualquiera en bolsa) y qué decir de los fondos de inversión o las socimi, si se aplicara la misma regla. Sería su muerte. Además, muchísimos pequeños inversores españoles son partícipes de una sicav luxemburguesa sin saberlo, puesto que la mayoría de los fondos extranjeros que se venden en nuestro país tienen esa estructura.
Eso se solucionaría con unos requisitos mínimos de participación o control en los vehículos: es decir, solo se imputaría rentas a quien posea más del 50% (por ejemplo) del patrimonio. Más complicado de esquivar sería el otro obstáculo: la mayoría de las sicav españolas -y todas las luxemburguesas- son vehículos armonizados según las normas de inversiones de la UE, por lo que aplicarles este régimen puede chocar con la legislación comunitaria. Pero el Gobierno siempre puede aplicarlo y después que el Tribunal de la UE lo tumbe años después si efectivamente es ilegal.
