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Wirecard ha anunciado este jueves que está preparando la solicitud para iniciar el proceso de insolvencia debido al sobreendeudamiento provocado por el escándalo contable. Tras conocerse esta noticia, las acciones de la compañía alemana de servicios de pago fueron suspendidas de cotización cuando registraban una caída del 12,66%. Al cierre, después de recuperar la negociación, se han desplomado un 71%, hasta 3,53 euros.

El consejo de administración ha tomado esta decisión tres días después de que el auditor reconociese que es muy posible que "no existan" los 1.900 millones de euros que se no encuentran. "El consejo de Wirecard ha decidido presentar una solicitud para abrir el procedimiento de insolvencia para Wirecard AG ante el tribunal competente del distrito de Múnich debido a su insolvencia inminente y sobreendeudamiento", ha informado la compañía en un comunicado.

Ante esta situación, la compañía decidió retirar sus cuentas preliminares del ejercicio de 2019, aplazar la presentación de sus resultados provisionales del primer trimestre de 2020 y cancelar sus previsiones de Ebitda e ingresos para este año. Y, como no podría ser de otra manera, la compañía ha encadenado fuertes desplomes bursátiles sesión tras sesión.

Este grave engaño contable provocó que los bancos acreedores suspendieran temporalmente una línea de crédito de 1.750 millones al considerar que Wirecard había falsificado su balance de 2019. Por lo tanto, dejaban totalmente al descubierto a la firma alemana, que no ha tenido más opción que declararse en bancarrota.

Este terremoto también obligó a la dimisión del consejero delegado Markus Braun, que había negado durante meses cualquier tipo de irregularidad. Braun abandonó su cargo el pasado viernes y este lunes fue arrestado por fraude contable. Solo un día después fue puesto en libertad bajo fianza de 5 millones y la obligación de personarse semanalmente en las dependencias policiales.

El elegido para sustituirle como consejero delegado interino fue James Freis, que estuvo negociando hasta último hora para intentar evitar que los bancos acreedores retirasen los préstamos que ascendían a más de 2.000 millones de euros. Una misión muy complicada que le ha sido imposible de cumplir.

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