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Tras iniciar un proceso judicial en España a finales de septiembre, Mediaset ha comunicado este martes que Vivendi -máximo accionista de Mediaset Italia con el 29% del capital- ha iniciado un procedimiento judicial en Italia impugnando los acuerdos adoptados en la junta extraordinaria del pasado 4 de septiembre, cuando se aprobó la fusión entre Mediaset y Mediaset España. Vivendi se ha opuesto desde el principio a esta operación alegando que sólo sirve para aumentar el poder de la familia Berlusconi en la compañía de medios. Tras rechazar vender sus títulos, la compañía ha optado por iniciar acciones legales.
Vivendi ha solicitado al Tribunal de Milán que anule el acuerdo aprobado por la junta general extraordinaria del 4 de septiembre y todos los documentos anteriores relacionados con la fusión. También le ha pedido que declare que Vivendi es "titular legítimo" y puede ejercer todos los derechos económicos y políticos derivados de su participación en el capital social de Mediaset por un importe equivalente al 9,61%. Igualmente, ha solicitado que ordene a Mediset que en las próximas juntas permita que Vivendi participe y ejerza todos los derechos políticos relacionados con su participación.
Igualmente, Vivendi ha solicitado a la Justicia poder ejercer los derechos económicos derivados de su participación indirecta del 19,19%, vía Simon Fiduciaria, y que declare que Vivendi puede dar instrucciones de voto a Simon Fiduciaria y que ésta ejerza los correspondientes derechos políticos.
Vivendi quiere también que la justicia declare la ilegitimidad de la conducta de Mediaset y Fininvest (sociedad inversora de la familia Berlusconi) , sin perjuicio del derecho de reclamar ante sus respectivos administradores.
Finalmente, Vivendi solicita que se condene a Mediaset y Fininvest, de conformidad con el artículo 278 de la Ley de Enjuiciamiento Civil italiana, a indemnizar a Vivendi por los daños sufridos y por sufrir, así como por los daños causados a la rentabilidad y al valor de la participación en Mediaset, así como por el ejercicio incorrecto de actividades de gestión y coordinación.
La audiencia para la comparecencia de las partes está prevista para el 10 de enero de 2020.
