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Teresa Ribera, ministra de Transición EcológicaOSCAR DEL POZO - EUROPA PRESS

Preocupación por el fin del carbón en las regiones mineras españolas. Ese es el mensaje que los presidentes de las comunidades de Aragón, Asturias y Castilla y León quieren transmitir este miércoles a la ministra Teresa Ribera ahora que Endesa ha oficializado su decisión de cerrar las plantas de Andorra y Compostilla.

La ministra para la Transición Ecológica recibirá a Javier Lambán, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, presidentes de las tres comunidades, en la sede del ministerio dos semanas después de que solicitaran por carta una reunión urgente.

Los tres líderes regionales piden “una transición justa” que garantice que el proceso de sustitución del carbón por fuentes de energía renovable tenga en cuenta el impacto social y económico en zonas que han dedicado décadas a actividades ligadas a este combustible.

INVERSIONES Y EMPLEO

Desde las tres comunidades se demanda al Gobierno que no permita el cierre de las centrales de carbón si no hay un plan que garantice inversiones y empleo en la zona. La italiana Enel ya avanzó a principios de noviembre su intención de cerrar sus dos centrales de carbón en Teruel y León, las plantas de Andorra y Compostilla, y Endesa envió la petición formal al Ministerio la semana pasada.

Antes de hacerlo, su consejero delegado, José Bogás, se reunió con el presidente aragonés para exponer los planes de la compañía para mitigar las consecuencias del cierre de la central de Andorra. Para Lambán, sin embargo, su propuesta no es suficientes y, según ha asegurado, pedirá al Gobierno que no se autoricen los nuevos proyectos renovables de Endesa en la zona hasta que no presente una alternativa real para las cuencas mineras.

Esos planes renovables a los que se refiere el presidente aragonés son parte del plan de mitigación que Endesa presentó hace unos días para ambas regiones. En concreto, la energética prevé invertir 1.040 millones adicionales en nueva potencia ‘verde’ (1.000 megavatios solares en la zona de Andorra y tiene en estudio otros 300 MW en la zona de Compostilla) para fomentar la reconversión de las dos zonas. Además, la eléctrica se ha comprometido a que los más de 300 empleados de ambas plantas participen tanto en las labores de cierre y desmantelamiento como en el desarrollo de los nuevos proyectos o a reubicarlos en otras plantas, según sus perfiles.

TRANSICIÓN JUSTA

En la previa a esta reunión “en bloque” con el Gobierno, el propio Lambán se ha mostrado muy crítico con los planes de cierre de las térmicas. Acusa a Endesa de no acreditar “ninguna responsabilidad social empresarial ni ningún compromiso con un territorio del que lleva obteniendo pingües beneficios durante muchos años”, pero también pone el foco de atención sobre el Gobierno. Más allá de la inversión en renovables, exige a la compañía que sus planes para la región aborden también inversiones en infraestructura y educación.

Pero para el presidente aragonés el Ejecutivo también “debe estar a la altura” en este proceso y asegurarse de que el cierre de las térmicas no deprime la economía de las cuencas mineras.

El cierre de las centrales de Andorra y Compostilla responde, según la empresa a que en las actuales circunstancias regulatorias y de mercado "es imposible abordar las inversiones necesarias para que estas centrales cumplan con los nuevos límites de emisiones que establece la Unión Europea". La nueva norma entrará en vigor en 2020 y aboca al cierre a las plantas que no hayan realizado las adaptaciones necesarias para seguir operando. En el caso de Endesa, ya ha realizado las inversiones necesarias en la planta de Litoral (Almería), está adaptando la de As Pontes y prevé realizar las inversiones que se requieran en las Islas Baleares y Canarias.

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