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Santander calculó el precio que finalmente pagó por Popular, un euro, teniendo en cuenta la rentabilidad de la inversión que necesitaba ofrecer a sus accionistas para sacar adelante la ampliación de capital requerida, que era del 13,5%. Los peritos encargados de investigar las últimas cuentas de la entidad en el marco de la causa penal que dirige el juez José Luis Calama Teixeira así lo acreditan en un informe que ya está incorporado a la causa ya al que ha tenido acceso Bolsamanía.

“El precio ofrecido por Santander estaba basado en las pérdidas que se derivaban de vender rápidamente los activos inmobiliarios de Banco Popular y en la rentabilidad de la inversión que precisaba ofrecer para realizar la emisión de capital derivada de la adquisición (13,5%)”, apuntan los inspectores Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández en su informe. Ese 13,5% es la rentabilidad que Santander tenía en mente obtener ya el 22 de mayo de 2017.

En realidad, a Santander le interesaba hacerse con Popular incluso aunque la rentabilidad se limitara al 12,5%. Ese porcentaje suponía para la entidad que preside Ana Botín pagar un precio de 200 millones de euros por Popular. Así lo estimó durante el proceso de venta privada que el equipo de Emilio Saracho puso en marcha a finales de abril de 2017 para intentar encontrar una solución para el banco que dirigía.

Sin embargo, Santander consideró que un precio de 200 millones “no sería interesante” para los accionistas de Popular, razón por la cual comunicó a la entidad el día 16 de mayo de 2017 que no quería seguir adelante con el proceso de venta privada.

AMPLIAR CAPITAL

De acuerdo con los peritos, Santander no realizó un análisis de la calidad de la cartera de Popular, sino que su proceso se basó en igualar las ratios de cobertura de Popular a las suyos y calcular a partir de ahí el importe que tendría la necesaria ampliación de capital.

Lo estimó finalmente en 7.000 millones de euros, de los que la mayor parte, unos 4.700 millones correspondían a un incremento de las coberturas de préstamos y adjudicados, otros 1.000 a contingencias legales (posibles reclamaciones de los accionistas) y 1.200 millones para cubrir el objetivo de capital.

Los peritos explican que el precio que Santander podía ofrecer durante el proceso de venta privado era “muy sensible” a la rentabilidad esperada con la inversión. “Así, un 10% de rentabilidad supone pagar un precio de 2.210 millones, pero una rentabilidad de 12,5% supone pagar un precio de 200 millones”, apuntan en el informe.

Santander tuvo acceso a la información interna de Popular desde principios de mayo de 2017, cuando mostró interés por hacerse con el banco en el marco de la venta privada puesta en marcha a finales de abril. Tras renunciar a ofrecer 200 millones a los accionistas, “a medida que el Santander gana en conocimiento de la operación de adquisición va cambiando el importe de la ampliación necesaria”, pero en ningún caso cuestiona “la capacidad de generación recurrente de la entidad”, indican los peritos.

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