Popular declaraba en 2016 una morosidad inferior a la que realmente tenía, dado que utilizaba una fórmula de cálculo diferente a la de sus competidores. Así lo acredita el informe de los peritos designados en el caso Popular, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que ha sido incorporado ya a la causa penal y al que ha tenido acceso Bolsamanía.
Estos inspectores del Banco de España tienen asignada la investigación de las últimas cuentas de Popular como entidad independiente para la causa penal que investiga si hubo delitos de falsedad contable y estafa a inversores. El miércoles incorporaron a la causa su informe pericial, el documento más esperado por las partes, en el que concluyen que la entidad se saltó la normativa contable del Banco de España entre 2014 y 2016 e incluyó previsiones demasiado optimistas en el folleto de la ampliación de capital que lanzó en mayo de 2016.
Entre sus conclusiones, explican que Popular declaró en su memorial anual correspondiente al ejercicio 2016 una morosidad del 14,6%, que calculaba dividiendo los créditos dudosos entre los activos totales. Sin embargo, los propios peritos reconocen que el cálculo de la ratio de mora debe realizarse tomando como referencia los dudosos y el crédito total. Así, la mora que Popular debería haber declarado asciende al 20%, con una cobertura del 52%.
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En todo caso, el 62% de esa mora (los peritos utilizan el 20% como la mora real) se localizaba en el negocio inmobiliario y se había elevado ese año debido a una reclasificación que tuvo que ejecutar el banco tras una inspección del Banco Central Europeo (BCE), según detalla el informe de los inspectores.
Todo a pesar de que los activos del ladrillo de Popular solamente constituían el 16% del total. En diciembre de 2016, Popular contaba con unos activos totales por 147.925 millones de euros, de los que 24.308 millones correspondían al negocio inmobiliario o estaban asociados a él. La entidad elevó su exposición a este segmento durante la expansión económica, relatan los peritos.
En cuanto al total, la principal partida eran préstamos a la clientela, que tenían un importe de 87.762 millones de euros, de los que la inversión rentable eran 78.233 millones.
Los activos inmobiliarios procedentes de adjudicaciones y compras de deuda sumaban 10.306 millones, de los que 5.333 millones procedían de la financiación al sector inmobiliario y, de ellos, 3.524 millones eran suelos, es decir, más arriesgados que la vivienda terminada y más difíciles de vender.
PROVISIONES INSUFICIENTES
Al cierre de 2016, la ratio de cobertura de los activos adjudicados de Popular era del 39%, por debajo de la media (que era del 52,6%) y también de la cobertura de activos improductivos (NPA) que se comunicó cuando se realizó la ampliación de capital de 2016 (que era del 50%), según señalan los peritos.
"Esta baja cobertura hacía prever que los resultados de 2017 nuevamente se iban a ver lastrados por la necesidad de hacer correcciones por deterioro", apuntan los peritos. De hecho, en enero de 2017 los entonces presidente y consejero delegado de Popular, Ángel Ron (que ya estaba como presidente interino) y Pedro Larena, respectivamente, comunicaron al consejo de administración que la estimación de provisiones para ese año era de 1.700 millones de euros.
A lo largo del informe, los peritos destacan en varias ocasiones que Popular cambió su política contable en 2014 para alejarla de la normativa del Banco de España, especialmente en relación con la cobertura de adjudicados y los criterios de operaciones refinanciadas. En las cuentas del ejercicio 2015, de hecho, había "determinados aspectos del marco contable" que no se respetaron y cuya subsanación llevó a Popular a registrar en 2016 pérdidas de hasta 3.485 millones de euros.
Los peritos reconocen que no pueden cuantificar el impacto de los incumplimientos a la normativa que permanecían en diciembre de 2016, aunque toman como referencia las cifras calculadas por Emilio Saracho tras acceder a la presidencia, que en todo caso eran superiores a esos 1.700 millones. El equipo del nuevo gestor de Popular estimaba que en 2017 eran necesarios saneamientos por 4.180 millones de euros que debieron hacerse en el ejercicio anterior, cuando solamente se contabilizaron provisiones por 5.254 millones.