La Junta Única de Resolución (JUR) ya ha hecho público el último de los informes que encargó a Deloitte en relación con la resolución de Popular. Se trata del tercer documento, que aclara que una hipotética liquidación de la entidad habría resultado más costosa que la resolución. El informe concluye, además, que se habrían visto afectados los depositantes de menos de 100.000 euros de Pastor, lo que habría impactado con unos 2.000 millones de euros en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
De acuerdo con el documento, los únicos depositantes minoristas que se habían visto afectados por la liquidación habrían sido los de Pastor. La necesidad de cubrir sus pérdidas mediante el FGD habría supuesto un coste de 1.781 millones de euros en el mejor de los escenarios y unos 2.164 millones de euros en el peor.
El informe concluye que algunos depositantes se habrían visto afectados, algo que no ocurrió con la resolución que acometieron las autoridades europeas. Pero no todos. Los de más de 100.000 euros habrían perdido dinero en caso de liquidación y, además, los minoristas con importes inferiores a esa cifra también habrían sufrido un quebranto en el caso de Pastor, filial de Popular.
El FGD, que cubre los depósitos hasta 100.000 euros, se habría tenido que hacer cargo de entre 1.781 y 2.164 millones de euros para reponer a los depositantes de Pastor con cobertura el dinero perdido por la liquidación. En cuanto a los depositantes de Popular, de su filial de Banca Privada y de la portuguesa, el informe no indica ningún coste para el FGD.
“Observamos que la filial más afectada sería el Banco Pastor, que tendrá pérdidas en su capital y en los depósitos cubiertos, los cuales (...) sufrirán pérdidas (pérdidas de valor de entre el 29% y el 35%, dependiendo del escenario), haciendo necesario que intervenga en FGD español”, apunta Deloitte.
El documento contempla tres escenarios: una liquidación más rápida (de 18 meses de duración, el máximo previsto en la Ley concursal), una en tres años y otra en siete. En cada caso, la firma establece dos valoraciones diferentes. En una intervención realizada en un plazo corto, el coste total que calcula Deloitte oscilaría entre más de 28.000 millones y 34.100 millones de euros. Para un periodo de tres años, entre 26.000 millones y 31.600 millones de euros, mientras que para una liquidación de siete años de duración el coste habría sido de entre 23.000 millones y 29.000 millones de euros.
SHOCK EN LA ESTABILIDAD FINANCIERA
Deloitte, a lo largo de su informe, señala que la hipotética liquidación de Popular habría tenido consecuencias como el cese de negocio de la entidad, la contracción de la clientela y costes asociados directamente al procedimiento. Para esta tercera valoración, la firma no ha tenido en cuenta el shock que se habría producido en la estabilidad financiera del país.
“No hemos incluido el impacto de la perturbación y el contagio proveniente de la inviabilidad de este banco, potencialmente sistémico en España, que podría reducir aún más las recuperaciones”, indica. De hecho, señala que la liquidación de Popular habría tenido un impacto en el resto del sector financiero, especialmente en las entidades con problemas de liquidez y solvencia, generando una incertidumbre que habría impactado en la economía española.
Asimismo, ha dejado fuera de sus valoraciones las reclamaciones que habrían surgido por parte de los acreedores o accionistas derivadas de la liquidación, “dada la subjetividad de los supuestos que se necesitarían en este sentido”.
