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El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha considerado que percibe un "cambio" con respecto a la posibilidad de mejoras en el marco regulatorio y fiscal en España y se ha mostrado un "poco más positivo", después de haber cargado en los últimos tiempos contra la posibilidad de prolongarse en el tiempo el impuesto especial del Gobierno sobre las energéticas.
En una presentación ante analistas del nuevo plan estratégico de la compañía, Imaz señaló su confianza en que de "algún modo las cosas podrían cambiar a corto plazo" teniendo en cuenta el discurso del Gobierno de la necesidad de invertir en el sector energético en el país. "Tengo un poco más de perspectiva positiva de la que tenía algunas semanas atrás sobre eso. Pero vamos a esperar, vamos a ver", dijo.
El directivo se refería así a la opción del Gobierno de prorrogar este gravamen especial, instaurado inicialmente por dos años -2023 y 2024 -para hacer frente al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania- aunque suavizándolo al incluir en los Presupuestos incentivos a la reinversión.
A este respecto, también señaló que la Comisión Europea ha indicado que "este impuesto debería ya ver su fin" y que "va en contra de la necesidad de invertir en la descarbonización de la economía europea".
No obstante, Imaz recordó que en el pasado fue "cristalino" cuando advirtió de que no se abordarían inversiones en la transformación de sus centros en España si "no se veían retornos y una certidumbre clara" regulatoria y fiscal.
Según el nuevo plan estratégico presentado por la compañía, Repsol invertirá una cifra récord de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en los próximos cuatro años (2024-2027) para acelerar su plan de trasformación hacia una compañía cero emisiones netas y protagonista en la transición energética.
Repsol cuenta con cinco de sus siete complejos industriales en España y estima que su transformación para ser punteros y desarrollar productos de bajas emisiones, como los combustibles renovables, el hidrógeno renovable y el biometano, requerirán inversiones netas en un rango de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, condicionadas así a esa regulación y la fiscalidad en el país.
