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Guerra total en la Junta de Accionistas de Indra. El Gobierno ha tomado el control del Consejo de Administración en alianza con Joseph Oughourlian, máximo accionista de Prisa y que recientemente compró el 4% del capital, y del Grupo SAPA, que también entró hace poco en el capital con el 5% y está liderado por Jokin Aperribay.
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En un inusual movimiento, Oughourlian ha solicitado de manera inesperada introducir un punto fuera del orden del día de la Junta cuyo único objetivo era cesar a los consejeros independientes Alberto Terol, Carmen Aquerreta, Ana de Pro y Enrique de Leyva, contrarios a la estrategia que promueve el Gobierno en Indra, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Además, la reelección de Isabel Torremocha, también independiente, no ha salido adelante, por lo que los únicos consejeros independientes son el recién nombrado Francisco Javier García Sanz y Silvia Iranzo.
Por su parte, el actual presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha sido nombrado consejero solo con el 53% de los votos, pese a que la Comisión de Retribuciones se había opuesto previamente. En este sentido, el apoyo de la SEPI y de Oughourlian ha sido decisivo.
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Además, han renovado como consejeros Miguel Sebastián, Antonio Cuevas como representantes de la SEPI, Francisco Javier Sanz como independiente y Luis Abril, este último como ejecutivo y todos ellos con una aceptación superior al 90% de los accionistas.
Así, el Consejo de Indra queda por dos consejeros independientes, tres dominicales, el presidente de la compañía, Marc Murtra, como otro externo, Luis Abril e Ignacio Mataix como consejeros ejecutivos, Guillermo Guerra como secretario y Fabiola Gallego como vicesecretaria.
A estos se unirá Juan Moscoso, que ha sido propuesto por la SEPI como su tercer representante, tras superar el ente público el 25% del capital.
Por su parte, los consejeros cesados han criticado abiertamente la decisión, porque "dañará gravemente" a la compañía. De fondo, el objetivo del Gobierno de convertir a Indra en su principal apuesta para aumentar el gasto en Defensa, dentro de su compromiso con la OTAN de llegar al 2% del PIB, debido a la invasión rusa de Ucrania.
