El Gobierno, a contrarreloj para despistar a Bruselas con la 'españolidad' de Iberia

Después de dos días convulsos en Londres, con el rechazo al acuerdo con Bruselas y Theresa May salvando la moción de censura, la posibilidad de que no se cierre un pacto antes del 29 de marzo es cada vez mayor. Aun así, tanto IAG como el Ministerio de Fomento se muestran seguros de que llegada la fecha de la desconexión de Reino Unido, todo estará en orden.

Con el argumento de la ‘españolidad’ de Iberia, tanto su matriz IAG como el Gobierno español buscan salvar el aprieto en que se vería la aerolínea si no se cierra un acuerdo. La clave está en que más del 50% del holding IAG está en manos de accionistas no comunitarios, por lo que desde el momento en que Reino Unido deje de formar parte de la UE se incumplirían las reglas de propiedad y control que marca la normativa europea.

Solo entre los dos principales accionistas de IAG, Qatar Airways y Capital Group, suman casi un 35% del capital, y tres minoritarios relevantes -Blackrock, Standard Life Aberdeen e Invesco-, tienen alrededor de un 10,5%.

En el caso de Iberia, el argumento es que si bien IAG ostenta el 86% de los derechos financieros sobre la aerolínea, el 50,01% de los derechos de decisión los controla la firma Garanair, propiedad al 100% de El Corte Inglés. En Bruselas no ha gustado demasiado el enfoque nacional de la aerolínea y ha decidido recabar más información.

RESPUESTA DE AESA

El siguiente paso que dará el Gobierno es poner sus argumentos por escrito. Tiene que responder en las próximas semanas a la carta remitida por la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) en la que se pide información sobre las aerolíneas que pudieran verse afectadas por un brexit sin acuerdo. Aunque se entiende que tienen margen para responder es flexible, se espera dar cuenta en las próximas semanas teniendo en cuenta que el plazo serían 20 días laborables, indican fuentes oficiales.

Por el momento, no sería necesario requerir información a las aerolíneas ya que AESA cuenta con todos los datos para evaluar si Iberia y Vueling -también de IAG- cumplen la normativa europea y pueden mantener sus licencias de operador aéreo (AOC) tras el brexit.

Una vez que AESA responda, la Comisión analizará y determinará si hay algún problema. Si se considerara que Iberia es británica, podría volar con salida o destino en la Unión Europea después del 29 de marzo -algo que afecta a rutas trasatlánticas como un Madrid-Nueva York-, pero no podría cubrir rutas internas, reservadas a las aerolíneas comunitarias.

Desde IAG se enrocan en su postura oficial y no da pistas sobre sus planes: “Tenemos la convicción de que cumpliremos con la normativa aplicable sobre propiedad y control, tanto en Reino Unido como en la UE, después del Brexit”. Fuentes cercanas al proceso señalan que las conversaciones a tres bandas -IAG, Bruselas, Madrid-, son fluidas y frecuentes.

Llegado el caso, si la Comisión considera que no se cumple la normativa, podía aplicar medidas correctivas que podrían dejar en tierra los aviones de la aerolínea, suspendiendo sus derechos de vuelo. A la espera de ver los siguientes pasos en Londres, Bruselas ya ha propuesto una prórroga temporal para garantizar una conectividad básica en los cielos europeos.