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Jaime Ponce, presidente el FROBCONGRESO - Archivo

El presidente del FROB (el fondo de resolución bancaria), Jaime Ponce, ha mostrado su empatía con los 300.000 accionistas del Banco Popular que perdieron todo su dinero. En un artículo publicado por el Banco de España, Ponce reconoce que se trata de un proceso que "es especialmente duro para los minoristas involucrados". Por eso, pide a analistas y autoridades que sean prudentes a la hora de calificar de exitosa la resolución de la entidad.

El FROB, como autoridad de resolución nacional, fue el encargado de ejecutar las decisiones tomadas por la JUR (Junta Única de Resolución) en la fatídica noche del 6 al 7 de junio de 2017: resolver el Banco Popular, imponer pérdidas del 100% a los accionistas y tenedores de subordinada, y vender la entidad al Santander por un euro más la correspondiente recapitalización (amplió capital en 7.000 millones).

Hasta ahora, todas las autoridades implicadas en esta decisión -empezando por el propio Ponce, que dio una rueda de prensa horas después de la resolución- habían cerrado filas en torno a la justificación oficial: el Popular era inviable, sobre todo por falta de liquidez -inicialmente nadie admitía los problemas de solvencia tras esa falta de liquidez, pero posteriormente el BCE sí lo han hecho-, y no había más solución que resolverlo para salvar a los depositantes y la estabilidad del sistema financiero.

Entonces se puso en marcha el proceso, se consiguió hacer sin que costara un euro al contribuyente, se cumplió la normativa de resolución al pie de la letra y fue una suerte que hubiera un comprador para que el banco pudiera abrir a la mañana siguiente. Ah, y los accionistas y bonistas tenían que sufrir las pérdidas, como dice la norma: sabían el riesgo que corrían.

PRUDENCIA ANTE EL DAÑO SUFRIDO POR LOS MINORISTAS

En su artículo, titulado "El FROB en la reestructuración del sistema bancario español. Evolución tras una década de actividad (2009-2019) y consideraciones para la Unión Bancaria", Ponce tampoco se aparta de este discurso. Pero, por primera vez desde estos acontecimientos de hace casi dos años, muestra algo de compasión hacia quienes perdieron todo su dinero en la resolución del Popular.

"Diferentes analistas y autoridades internacionales han calificado la resolución del Banco Popular como un importante logro de la nueva normativa internacional de resolución. Se ha de ser prudente con los calificativos cuando se produce la resolución de un banco. Se trata de un proceso que lesiona el interés de muchos accionistas y acreedores, y es especialmente duro para los minoristas involucrados", son sus palabras exactas.

Y eso es todo; a continuación, vuelve el discurso oficial: "Pero, al analizar con objetividad el mandato legal que las autoridades de resolución tienen atribuido, este ha sido razonablemente satisfecho por el MUR [Mecanismo Único de Resolución]. Y esto en unas circunstancias de emergencia que hicieron aún más exigente un proceso ya de por sí ciertamente complicado".

FRENTES JUDICIALES ABIERTOS

Los accionistas del Popular tienen abiertos numerosos frentes judiciales tanto contra los responsables de la resolución (la JUR y el FROB), como contra los dos últimos presidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, e incluso contra el Santander por enriquecimiento injusto. La más importante de estas causas es la que está abierta en la Audiencia Nacional por una serie de supuestos delitos en la ampliación de capital de 2016 y en el hundimiento posterior de la cotización.

En abril, los peritos del Banco de España presentaron su informe a petición de la Audiencia en el que constatan que las cuentas de 2016 del Popular incumplieron la normativa contable y que las previsiones de la ampliación no eran realistas. Asimismo, señalan a Ron como principal responsable y ponen en entredicho la labor del Banco de España y del auditor, PwC.

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