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El consejo de administración de Ence ha decidido formular en febrero los estados financieros semestrales y posponer a marzo la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022, con el objetivo de "recoger adecuadamente" la decisión que el Tribunal Supremo tomará el 7 de febrero sobre las sentencias de la Audiencia Nacional, en las que declaró la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta la fábrica de Pontevedra.
Sobre la decisión del Tribunal Supremo, los analistas de Renta 4 manejan como escenario más probable que se ratifique la sentencia y el "cierre definitivo de la fábrica", que valoran "por debajo de cero euros". En su opinión, "la ratificación de la sentencia supondría un castigo adicional a la cotización".
En este sentido, esperan que el Ministerio de Transición Ecológica fije el plazo de cierre definitivo "para finales de 2023" y recuerdan que Ence ya registró en 2021 "un deterioro contable del activo de 148 millones de euros y una provisión para hacer frente a los costes estimados por el desmantelamiento de la fábrica por 42 millones".
Los expertos de Banco Sabadell indican que la cotización ya "descuenta sobradamente el escenario desfavorable de que se ratifique la decisión de la Audiencia Nacional", pero no descartan que "pueda sufrir en el corto plazo" si finalmente se ratifica el cierre de la planta.
La compañía ya cerró, a mediados de enero, acuerdos de venta para aproximadamente un millón de toneladas de celulosa para este año 2023, lo que supone cubrir el máximo de producción de las biofábricas de la compañía para el presente ejercicio. Principalmente, los acuerdos de venta alcanzados tienen por destino el mercado europeo, en el que Ence tiene importantes ventajas competitivas logísticas y de servicio al cliente.
