La Audiencia Nacional ha suspendido hasta marzo el juicio a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por supuestas operaciones en paraísos fiscales. De esta manera, se ha aplazado la vista que se fijó para el 17 de septiembre. La fiscal pide cuatro años de prisión para el ex director general de la compañía, Roberto López Abad, y al exdirectivo, Daniel Gil, por los negocios inmobiliarios de la entidad con Valfensal en el Caribe. A los acusados se les atribuye el perjuicio de 28 millones de euros, a modo de beneficio por la transacción.
La decisión se ha tomado minutos antes de que comenzase la sesión de este martes. Fuentes jurídicas han asegurado a la Agencia EFE, que los magistrados han creído conveniente el aplazamiento del juicio por la falta de acuerdo entre las partes.
La Fiscalía acusa a los ex directivos y a dos empresarios de Benidorm, Juan Ferri y José Baldó, de montar una estructura con empresas pantalla en Panamá, las Islas Vírgenes y las Antillas Holandesas. Habrían recibido créditos de la CAM por más de 200 millones con los que adquirir esos inmuebles en el Caribe para desviar los fondos procedentes de la facturación de esos negocios. Así evitaban el pago de impuestos. El delito fiscal que se les imputa asciende a 11,6 millones.
Los cuatro acusados ingresaron en prisión, pero en 2013 fueron puestos en libertad bajo fianza. Sin embargo, el FGD recurrió la decisión inicial de la jueza Carmen Lamela de archivar la causa en diciembre de 2017 al considerar que había sufrido un perjuicio de 28 millones. La Sala le dio la razón y el 1 de septiembre comenzó la vista oral.
A pesar de ello, se produjo una nueva sorpresa cuando el FGD se sumó a los criterios de la Fiscalía y retiró su acusación contra los miembros de la comisión de control de la CAM. Asimismo, Ferri y Baldó alcanzaron un acuerdo para devolver 12 millones y ser condenados a dos años de prisión por tres delitos fiscales, con lo que no entrarán en la cárcel.
