MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Unidas Podemos está buscando apoyos en el Congreso para reclamar la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía, pues considera que "choca directamente" con los objetivos climáticos de España y ampara las demandas de las empresas contra los países.
De las 142 demandas conocidas contra los países firmantes de este tratado, por un valor acumulado de más de 52.000 millones de dólares, España concentra 50 demandas, siendo el país con más recursos en su contra, habiendo sido condenada a pagar 971 millones en indemnizaciones por 18 demandas resueltas.
Sin embargo, la cifra puede ser mucho mayor si continúa en el tratado y pierde más arbitrajes, con unos 10.000 millones de euros demandados, según datos oficiales de 2017 a los que hay que sumara los costes de los laudos y la defensa, que eleva la cifra en casi 70 millones adicionales.
Así lo plantean en una proposición no de ley registrada en el Congreso que esta formación que integra el Gobierno de coalición junto con el PSOE busca someter a debate en el Pleno de la Cámara Baja. Concretamente, llaman al Gobierno a declarar la salida del Tratado de la Carta de la Energía, promueva la salida conjunta de los Estados miembro de la Unión Europea, tras acordar previamente la cláusula de supervivencia del tratado, y trabaje para frenar la expansión de este tratado en otros países.
RECUERDAN QUE RIBERA RECONOCIÓ SU INCOMPATIBILIDAD
Según recuerdan, en enero de 2021 el Gobierno reconoció que el Tratado "no es actualmente compatible con el Acuerdo de París ni con el reciente Pacto Verde Europeo, ni con el objetivo de neutralidad climática de 2050", y la propia vicepresidenta Teresa Ribera, competente en materia de Energía, anunció públicamente que, si no se alineaba a estos acuerdos, la única vía posible era la salida del tratado.
Unidas Podemos señala que, aunque las demandas contra el Estado tienen su origen en los recortes a las renovables, un 89% de las mismas las inician fondos de capital u otros inversores financieros, y casi la mitad de lso casos provienen de inversores vinculados del sector fósil, siendo muchos de ellos empresas pantalla, utilizadas por grandes corporaciones para evitar el pago de impuestos.
El grupo confederal esgrime además que el Tratado choca contra los objetivos climáticos al proteger las inversiones energéticas de cualquier tipo, incluyendo las relacionadas con combustibles fósiles --petróleo, gas y carbón--, amparando en España unos 8.000 millones de euros en infraestructuras de este tipo.