MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

GasLicuado ha pedido al Gobierno una actualización de la fórmula de fijación del precio de la bombona de butano para establecer "una remuneración suficiente, justa y que permita avanzar hacia la necesaria liberación", ya que la viabilidad del sector está en riesgo "debido a la insuficiente remuneración" que marca el actual sistema.

En un comunicado, la asociación, que reúne a las principales empresas de la industria del gas licuado (GLP) en España, señala que las dificultades por las que atraviesa el sector en España, que afectan tanto a operadores de gas envasado y canalizado como a distribuidores y repartidores, "se deben a la insuficiente remuneración establecida en el sistema regulatorio vigente".

GasLicuado lamenta que el Gobierno no ha atendido sus peticiones en los últimos dos años y señala que la Administración lleva más de 15 meses -desde mayo de 2018- sin tener en cuenta el informa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la actualización de la remuneración.

Así, advierte que la liberalización del sector lleva décadas sin acometerse, "a pesar de que ya estaba prevista en la Ley de Hidrocarburos de 1998". A este respecto, recuerda que en una sentencia reciente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también se ha manifestado en un sentido favorable a liberalizar la bombona de butano en el mercado español.

OBLIGADOS A VENDER A PÉRDIDAS.

"La situación es muy complicada. Muchos operadores y distribuidores están viéndose obligados a vender a pérdidas en áreas geográficas de baja densidad de población o en zonas aisladas, como Canarias. Y si no se toman medidas en un plazo corto de tiempo, peligra la continuidad de muchas de estas empresas, con la consiguiente destrucción de empleo en un contexto de incertidumbre económica como el que tenemos por delante", destaca el director general de GasLicuado, Santiago Pérez.

Además, la asociación advierte de que el problema no solamente afecta a las empresas, sino también a sus clientes, ya que el actual sistema de precios "ni siquiera cubre las necesidades actuales de gastos e inversiones, y por ello las compañías no pueden invertir para proporcionar un nivel de servicio más allá del estrictamente exigido por la normativa", añade Pérez.

De esta manera, afirma que este contexto pondría en riesgo el acceso de muchos consumidores al gas licuado y destaca que se trata de una energía que está discriminada frente a otras por tener la obligación de mantener el suministro domiciliario hasta donde esté el cliente, "incluso aunque no sea rentable".

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