La tasa Tobin llegará a España. El Gobierno confirmaba este jueves, tras la firma del acuerdo con Unidos Podemos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que pretende crear un Impuesto a las Transacciones Financieras que grave con un 0,2% la compra de acciones, aunque deuda y derivados quedarán fuera. La decisión es más que controvertida, y es que podría ahuyentar aún más a los inversores.
Sobre todo en un momento como el actual. Las condiciones con las que se encuentran los inversores hoy en día no son las más óptimas debido a la incertidumbre política que existe no sólo por la fragmentación parlamentaria, que dificulta sacar adelante cualquier medida, y fiscal por las nuevas medidas que quiere aprobar el Ejecutivo; pero también por la crisis catalana, cada vez más enquistada. Si a eso se une el hecho de que ahora el Gobierno planea poner un impuesto a "las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero", son muchos los expertos que apuntan a que podría producirse una huida que puede dejar muy tocadas a las empresas españolas.
Los expertos avisan: no se puede descartar que con la tasa Tobin se pueda producir una fuga de capitales
De hecho, Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha alertado de ello en el informe que anualmente elabora sobre la propiedad de las acciones cotizadas, y que ha dado a conocer este jueves. Titulado 'La mitad de la bolsa española, en manos de inversores extranjeros', en este documento BME dedica un apartado especial a hablar de la tasa Tobin, que define como "económicamente indeseable" y a la que critica airadamente porque "reducirá el atractivo de las acciones españolas cotizada" y porque "puede suponer una amenaza para la estructura financiera de las principales compañías españolas". BME cree que este impuesto afectará negativamente a los aumentos de capital que actualmente se llevan a cabo con éxito gracias a la "amplia participación del capital internacional", que con esta tasa puede pensarse dos veces si invertir en España.
Según los técnicos de Hacienda (Gestha), no se puede descartar que se produzca una fuga de capitales. "Si sólo se gravan las operaciones en España y no en el resto del mundo, ¿qué impedirá a un inversor comprar acciones de, por ejemplo, Banco Santander en otros mercados como Londres o Nueva York?", se pregunta José María Mollinedo, secretario general de Gestha. Esta organización apunta que aún se desconoce cómo proyectará el Gobierno este impuesto, porque son más las dudas que las certezas al respecto.
En el acuerdo con Unidos Podemos sólo se especifica que se someterán a tributación del 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, y que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. ¿Quiénes tendrán que pagar este impuesto, particulares, brókers o ambos? ¿Qué intermediarios financieros se verán afectados? ¿Cuál es el horizonte temporal se da el Gobierno para sacarlo adelante? ¿Cuánto espera recaudar el Ejecutivo socialista con la tasa Tobin?
Son muchas las dudas que rodean aún a este impuesto. El Gobierno no ha dado demasiados detalles, ni siquiera en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este jueves de forma anticipada dado que este viernes es fiesta, en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limitó a anunciar que se creará esta nueva figura impositiva que ya existe en otros países de la Unión Europea como Francia (que aplicó una tasa del 0,2% entre 2012 y 2016, y en 2017 la subió al 0,3%) o Italia.
Precisamente BME habla en su informe de estas experiencias, y recuerda que los importes recaudados han sido "significativamente inferiores a los proyectados" y que el coste de implementación "es muy elevado" y parece que no ha compensado porque "no ha cumplido con los objetivos de 'mayor justicia y menor especulación' en los mercados" con el que nació. Cree que eso puede ocurrir también en España, donde no descarta que pueda haber "distorsiones en los procesos de toma de decisión de los inversores".
¿CUÁNTO SE PODRÍA RECAUDAR?
Gestha ha hecho unos cálculos tomando como base el volumen negociado en España y Francia y el peso sobre el mercado europeo de ambos países. Los técnicos de hacienda apuntan a una recaudación potencial del Impuesto a las Transacciones Financieras de entre 630 millones y 680 millones al año, eso suponiendo que no caiga el volumen de negociación, algo de lo que ya han avisado en el sector.
Sin embargo, parece que los cálculos del Gobierno son superiores. Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que el Ejecutivo espera recaudar en torno a 1.000 millones de euros, la mitad de lo que recauda Reino Unido con la 'Stamp Duty Reserve Tax'. El problema, dicen los expertos, es que el mercado español no es la mitad del británico, sino que representa una décima parte, por lo que consideran esta cifra muy por encima de lo que podría encontrarse el Gobierno en realidad. Fuentes del mercado apuntan a que los ingresos por la tasa Tobin no superarían los 400 millones de euros.
