El Gobierno ha dado un giro legislativo para enmendar la última decisión del Tribunal Supremo de que los clientes sean los que definitivamente se hagan cargo del coste del impuesto de las hipotecas. Ha decidido modificar dos leyes para obligar a la banca a pagar el tributo e impedirle que se lo deduzca. Ante una muy posible repercusión a los clientes del coste, el Ejecutivo fía a la nueva autoridad de defensa del cliente el intento de prohibir a las entidades que lo traspasen... pero tiene pocas herramientas para hacerlo.
A las modificaciones de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sociedades acompañará otra medida, la creación de una autoridad independiente de defensa del consumidor financiero. Este órgano será el encargado, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de intentar evitar que los bancos repercutan a los clientes el pago del impuesto, principalmente a través de la prohibición de cláusulas abusivas que impongan a los consumidores todos los gastos de constitución de la hipoteca.
Estas cláusulas, en realidad, ya están prohibidas por el Tribunal Supremo. El alto tribunal declaró el pasado mes de marzo que las cláusulas que trasladen al cliente todos los gastos, sin reparto alguno, deben ser nulas porque son abusivas. Así, la única herramienta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para impedir que los bancos eviten asumir el coste ya existe.
Lo primero que necesitaría el Gobierno para que esta autoridad pudiera evitar el traslado del impuesto sería que sus decisiones sean vinculantes, algo sobre lo que el Ejecutivo por el momento no ha hablado. Si fuera así, este órgano podría prohibir alguna cláusula o comisión concreta, o incluso limitar los tipos de interés de las hipotecas, pero difícilmente evitaría que los bancos compensaran este gasto con otros ingresos.
En todo caso, Montero explicó el pasado jueves que las medidas concretas que tomará esta nueva autoridad independiente de defensa del consumidor financiero serán explicadas por la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando presente el órgano, que estará listo en las próximas semanas. Por el momento, la única pista es que tendrá funciones del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según explicó la propia Calviño.
REPERCUTIR O NO REPERCUTIR
De manera oficial, las entidades aún no han tomado una decisión sobre si repercutirán o no el coste del impuesto a los clientes, según explican varias fuentes financieras, a pesar de que desde el lunes deberán asumir el pago del tributo, pues los cambios legislativos entran en vigor este sábado.
No obstante, otras fuentes apuntan a que algunas entidades ya están incrementando el diferencial de las hipotecas para compensar el coste del impuesto. En todo caso, se trata de subidas a determinados clientes, pues las ofertas comerciales de los bancos aún no se han modificado.
Que los bancos estén repercutiendo los costes no es algo sorprendente, pues los primeros ejecutivos del sector ya dieron a entender sus intenciones durante la última ronda de presentación de resultados. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, además, apuntó que ninguna empresa vende a pérdidas, por lo que los costes se acaban trasladando a los precios de los productos. Este aumento de los precios puede hacerse o bien estableciendo nuevas comisiones o bien subiendo el diferencial de la hipoteca, algo que la agencia Moody’s da por hecho.
El impuesto de la discordia grava con entre un 0,5% y un 1,5% el coste de la hipoteca, dependiendo de la comunidad autónoma, por lo que se calcula que el banco tendrá que abonar un coste de entre 1.000 y 2.500 euros por hipoteca, una cantidad que las entidades podrían asumir sin repercutirla, según explican otras fuentes.
No obstante, en un contexto de bajos tipos de interés en el que la rentabilidad de los bancos no pasa por su mejor momento, parece improbable que el banco mantenga su actual oferta comercial, que durante los últimos meses ha dado lugar a una guerra hipotecaria. Y más con los supervisores exigiendo más capital a las entidades. La dinámica competitiva será, sin duda, la que marque la política comercial de las entidades, como dejan entrever desde algunos bancos.
