Cinco consecuencias del 1-O en el PIB y la economía, un año después

Que la factura de la aventura unilateral del anterior president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers -que les llevó a proclamar la república catalana el 27 de octubre de 2017- sea más elevada meses después se explica, según Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, por un “efecto sumatorio”. “Y ha incidido más a partir de agosto”, agrega, cuando se le han añadido otros factores coyunturales y se ha visto un decremento del turismo, del consumo y de las inversiones.

Entre finales de 2017 e inicios de 2018, “el país disfrutaba de los efectos positivos de un crecimiento mundial y europeo mayor de lo previsto, lo que derivó en una expansión del Estado más vigorosa”, aduce por su parte Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. Así, la economía catalana cerró 2017 con un avance anual del 3,3% y en el apartado de la creación de empleo, obtuvo el año pasado el mejor dato de paro de los últimos años. Con una caída de casi el 8%, la región tenía 418.018 parados en el cierre del año.

El anterior Gobierno de Mariano Rajoy sacaba pecho de haber solucionado la crisis y, por ejemplo, el Banco de España describía, en marzo, el impacto de lo ocurrido en Cataluña como "relativamente limitado y transitorio, aunque no despreciable". El avance del PIB regional no justificaba otra cosa: hasta marzo, el resultado fue del 3,4%, aunque de abril a junio ya cedió hasta el 3,1%. En cuanto a la tasa de paro fue del 12,2% en el primer trimestre y del 11,4%, en el segundo. Pero en agosto, coincidiendo con el agotamiento detectado por el Consejo General de Economistas, la región lideró el repunte del desempleo, aunque los números absolutos reflejan que el número de parados fue de 380.718.

Entre finales de 2017 e inicios de 2018, “el país disfrutaba de los efectos positivos de un crecimiento mundial y europeo mayor de lo previsto

LA INVERSIÓN EXTRANJERA SIGUE DANDO LA ESPALDA A CATALUÑA

La caída del consumo interno y de las exportaciones se halla detrás de la moderación en el avance de la economía. Pero a estos factores se suma la caída de las inversiones, que se ha cebado especialmente en la región desde los primeros meses de la crisis.

En el tercer trimestre de 2017, ya se desplomó un 75%, pasando de más de 2.000 millones de euros entre julio y septiembre de 2016 a los 519 del año pasado. Son datos anteriores al referéndum que reflejan que el clima político precedente a la votación anulada por el Tribunal Constitucional había alarmado, primero, a los fondos de inversión que llegaron a pedir explicaciones a la Generalitat sobre la seguridad jurídica en la comunidad autónoma.

La situación se describe por un gestor de fondos de Barcelona como “una parálisis total de la entrada de capitales a Barcelona”. Las compras de oficinas en la capital catalana por parte de grandes gestores también se frenaron en seco y no han dado muestras de recuperación hasta el primer semestre de este año, cuando se han firmado importantes operaciones con empresas tecnológicas estadounidenses como Facebook y Oracle, que se instalarán en el 22@.

Aunque el de las inversiones es un dato muy volátil, ya que una sola operación puede disparar las cifras, son tres los trimestres en números rojos. En el primer trimestre de 2018 cayeron casi un 62%, aunque entre el cuarto y sexto mes se recuperan hasta dejar la caída en el 16%, lo que deja unos números de la primera mitad del año en un declive de un 41% en el apetito inversor internacional.

EL ‘EFECTO SEDES’

En cuanto a las multinacionales, también paralizaron sus filiales en la región y algunas se unieron a la diáspora de empresas de la comunidad hacia otros puntos de España. Mitsubishi, Panasonic, Pirelli, Stada o AXA, son algunas de las que trasladaron las sedes sociales a otras ciudades del Estado y se unieron a la fuga de empresas que sólo se frenó meses después de la intervención de la Generalitat por parte del Estado.

De todas las cotizadas, únicamente Grifols reside en Barcelona, el resto de 2.501 “decisiones empresariales”, derivaron en el traslado de 3.700 sedes sociales de empresas, según un informe de la Generalitat -el 0,59 % de la base empresarial de Cataluña-, una cifra que se eleva a 4.500 movimientos, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles. “El problema no son las magnitudes”, valora Pich, sino lo que Fomet del Treball ha denominado como el ‘efecto sedes’.

La patronal catalana argumenta que la marcha de las grandes empresas es “especialmente preocupante ya que, si bien todas las empresas son importantes, las grandes tienen una capacidad de tracción sobre el conjunto de la economía”. “La ubicación de la sede social es determinante para las firmas de servicios profesionales que trabajan para las grandes empresas, en la hostelería y afecta, en definitiva a toda la economía de Barcelona”, elabora el también presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Foment.

“La ubicación de la sede social es determinante para las firmas de servicios profesionales que trabajan para las grandes empresas, en la hostelería y afecta, en definitiva a toda la economía de Barcelona”

LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LENTÍSIMA RECUPERACIÓN

El primer paso en el éxodo empresarial lo dieron las entidades bancarias. El 5 y 6 de octubre, Banco Sabadell y CaixaBank se trasladaron a Alicante y Valencia, respectivamente. La huída de fondos de las entidades precipitó sendas decisiones que se tomaron para proteger a clientes y accionistas. Y lo cierto es que de todas las reubicaciones de sedes posteriores, estas eran las más justificadas porque, en caso de una hipotética independencia, perderían acceso a la liquidez del Banco Central Europeo (BCE).

Ni siquiera la toma de control de la Generalitat por parte del Gobierno logró frenar la huida de fondos: en las semanas y meses posteriores a la votación sobre la independencia de la región, se movieron fuera del territorio 30.000 millones de euros, el 17,6% del total a cierre del ejercicio. En términos globales el saldo de depósitos en las sucursales catalanas pasó de 175.125 millones a cierre de septiembre, justo antes del referéndum, a 145.029 millones a finales de 2017.

La recuperación será lenta, “en el largo plazo y si se disipa la incertidumbre”, según los expertos. A junio de 2018, los depósitos de la comunidad han ascendido a 152.804 millones de euros, un repunte de algo más de un 5%.

BARCELONA PIERDE FUELLE COMO MOTOR DEL TURISMO

La comunidad autónoma también ha perdido su atractivo para el turismo desde el referéndum del 1-O. Países como Alemania, Inglaterra o EEUU han desaconsejado a sus ciudadanos visitar Cataluña este otoño, como ya hicieron el año pasado, cuando acudieron un 5% menos de visitantes a la ciudad.

Desde entonces la situación en esta comunidad no ha mejorado. Respecto al año pasado, el número de pernoctaciones de los residentes en España en julio, un mes clave para el turismo, ha disminuido un 7,2%, hasta situarse en poco más de 2 millones, una cifra que no se registraba desde hace justo siete años. En cuanto a los residentes en el extranjero, eligieron Cataluña para pernoctar algo más de 5,9 millones, un nivel un 6,2% menor y que no era tan bajo desde julio de 2013.

El contexto de inseguridad ha mejorado, pero la tensión constante entre el Estado y la Generalitat “no ayuda a los empresarios ni al turismo”, según el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou. Además, aunque la independencia exprés ya no está en la agenda, la sacudida recibida en una economía tan dinámica como la catalana ha acabado por afectar a toda España, que aqueja “el frenazo de una región que había crecido por encima de la ratio en los años de recuperación tras la crisis”, concluye Pedraza.