El regulador británico de telecomunicaciones, Ofcom, ha advertido a compañías interesadas en el metaverso como Meta y Microsoft que están sujetas a las leyes británicas de seguridad ‘online’ del usuario y que no podrán “autorregular” este espacio virtual.
“Para ser sincera, no estoy segura de que esa “fase de autorregulación” exista desde la perspectiva del Reino Unido”, ha aseverado Melanie Dawes, directora ejecutiva de Ofcom, en un evento organizado por la consultora Global Counsel en Londres.
Dawes también ha señalado que ha sido más sencillo que sucesos "horribles" tengan un mayor impacto a través de internet, como la retransmisión en directo del tiroteo de Buffalo (Nueva York) en mayo de 2022 en Twitch. En un informe reciente, Ofcom recomendó a las plataformas que tomaran medidas para limitar el acceso al ‘streaming’ en directo, incluyendo la verificación de la edad.
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“Se necesita moderación para asegurarse de que se gestionan estas cosas porque se han producido a gran escala”, ha señalado Dawes, quien, a pesar de reconocer que existen “algunas diferencias” entre el metaverso y las redes sociales “tradicionales”, sí ha asegurado que las barreras entre lo real y lo ficticio son más difusas en el metaverso, especialmente para los niños.
Asimismo, la funcionaria británica ha reconocido que “si hay jóvenes en un entorno en el que hay contenidos generados por el usuario según el ámbito de aplicación de la ley, eso ya estará contemplado en la Ley de Seguridad en Línea”.
Esta normativa, conocida como ‘Online Safety Bill’ en Reino Unido, es un conjunto de leyes que pretende frenar los contenidos nocivos que se comparten ampliamente en Internet. La normativa obligará a las empresas a adoptar medidas contundentes para hacer frente a materiales nocivos, como la desinformación sobre vacunas o los mensajes que promueven la autolesión.
Reino Unido ha adoptado una postura contraria y firme sobre el cifrado de extremo a extremo o comunicaciones encriptadas en las aplicaciones de mensajería, instando a las empresas tecnológicas a dar "acceso legal" a estos mensajes cifradas. La exministra del Interior británica, Priti Patel, declaró este verano que “ciega intencionadamente a las empresas ante los abominables abusos sexuales a menores”, provocando un “impacto devastador en la seguridad de los niños”.
Asimismo, las infracciones de la ley, una vez aprobada, contemplan multas de hasta el 10% de los ingresos globales anuales. Además, los altos ejecutivos de las empresas tecnológicas también podrían enfrentarse a la responsabilidad penal por infracciones más graves.
Este proyecto de ley se centra especialmente en la protección de los niños, ya que buena parte de su elaboración pivota en torno a la muerte de Molly Russell, una adolescente del Reino Unido que se quitó la vida tras estar expuesta a publicaciones relacionadas con el suicidio en Instagram. En septiembre, el forense que investigó la muerte de Russell llegó a la conclusión de que los "efectos negativos" de las redes sociales contribuyeron a su muerte.
FUERTES CRÍTICAS AL PROYECTO
El proyecto de ley ha sido ampliamente criticado por grupos de la sociedad civil como Big Brother Watch u Open Rights Group, que ha publicado una carta abierta dirigida al Gobierno británico y carta firmada por otras cinco organizaciones en la que piden “revisar al completo” la normativa. En la misiva dirigida a Michelle Donelan, secretaria de Estado de Digital y Cultura, exponen sus principales preocupaciones, como que las empresas deban analizar los mensajes privados entre usuarios o la obligación de que las compañías deban tratar los contenidos “legales pero perjudiciales”.
En la carta abierta, explican que “tal y como está redactado el proyecto de ley, impondría un sistema de dos niveles para la libertad de expresión, con restricciones adicionales para las distintas expresiones legítimas, simplemente porque son 'online'”.
🚨NEWS:
— Big Brother Watch (@BigBrotherWatch) September 23, 2022
We’ve written to the new Culture Secretary @michelledonelan, alongside 6 other rights groups, to demand that the Online Safety Bill is totally overhauled to protect free speech and privacy in the UK.
Read our letter here ⤵️ pic.twitter.com/A7QAcpxTYb
“Si no se modifica, tendrá un impacto catastrófico en la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en el Reino Unido. La legislación no solo fomenta, sino que obliga a las empresas privadas en línea a convertirse en árbitros de la verdad y la ley. A menos que se modifique materialmente, el proyecto de ley también obliga a estos árbitros a ser guiados por el secretario de Estado, abriendo oportunidades para que el Gobierno intervenga directamente con lo que se puede decir y lo que no”, denunció el pasado 1 de septiembre Big Brother Watch.
Por su parte, Will Cathcart, director de Whatsapp, ha señalado en una entrevista concedida al diario ‘Financial Times’ que no es técnicamente viable romper la encriptación de sus mensajes para escanear en busca de material como la pornografía infantil sin socavar la seguridad de toda la red. “Si el Reino Unido decide que está bien que un gobierno se deshaga de la encriptación, hay gobiernos en todo el mundo que harán exactamente lo mismo, donde la democracia liberal no es tan fuerte, donde hay diferentes preocupaciones que realmente implican derechos humanos profundamente arraigados”, sentenció.
“Los gobiernos de todo el mundo deberían presionar al máximo a las empresas tecnológicas para que aumenten la seguridad de sus comunicaciones, especialmente las democracias liberales. Estamos en una época en Internet en la que los ciberataques van en aumento, especialmente los procedentes de Estados nación hostiles. Así que la idea de que ahora es un momento para debilitar la seguridad, creo que es muy, muy equivocada”, añadió Cathcart.
We believe people want and deserve better privacy for their messages, and believe people have a right to know the facts and draw their own conclusions from them.
— Will Cathcart (@wcathcart) October 13, 2022
Según Cathcart, los sistemas de seguridad existentes en WhatsApp permiten a los usuarios señalar los mensajes nocivos y rastrear los patrones de comportamiento para identificar posibles riesgos. Esto ha hecho que se envíen cientos de miles de informes sobre material de abuso sexual infantil a organizaciones como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, con sede en Estados Unidos. “No tenemos que asumir el enorme golpe que supone para la seguridad y los derechos fundamentales de las personas ir a vigilar todas sus comunicaciones. En realidad, podemos avanzar mucho”, ha afirmado.
