El Gobierno entró en Moncloa con ganas de cambiar las cosas, pero se ha encontrado con algunas piedras en el camino. Uno de los primeros anuncios del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez fue crear un impuesto específico para el sector bancario con el objetivo de aumentar los ingresos del sistema y poder financiar las pensiones. El sector financiero, como era de esperar, no está muy de acuerdo con este planteamiento.
Una hipotética liquidación de Popular habría tenido un coste más alto del que conllevó la resolución. Así lo cree Deloitte, la firma que ha elaborado dos informes requeridos por la Junta Única de Resolución (JUR). En este documento, hecho público el lunes, Deloitte concluye que el coste por litigios que puede tener que asumir el comprador de la entidad (Santander) ascendería a 1.788 millones de euros en el mejor escenario o a 3.453 millones de euros en el peor.
La Junta Única de Resolución (JUR) ya ha hecho público el último de los informes que encargó a Deloitte en relación con la resolución de Popular. Se trata del tercer documento, que aclara que una hipotética liquidación de la entidad habría resultado más costosa que la resolución. El informe concluye, además, que se habrían visto afectados los depositantes de menos de 100.000 euros de Pastor, lo que habría impactado con unos 2.000 millones de euros en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
La Junta Única de Resolución (JUR) ya ha tomado una decisión: no compensará a los afectados por la resolución de Popular. El organismo que preside Elke König ha decidido de forma preliminar, basándose en el tercer informe de Deloitte, que no cabe conceder una compensación a los accionistas y acreedores de Popular. Para tomar una decisión final evaluará los comentarios que los afectados le remitan en las próximas semanas.
