La inseguridad jurídica en Cataluña condena al exilio a las empresas

En el primer semestre de 2017, 429 empresas han abandonado Cataluña

  • Banco Sabadell ha sido la última en anunciar su cambio de sede social
  • Este movimiento provoca una diferente fiscalidad con tributos como el impuesto de actividades económica (IAE)
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Alberto Sanz
Bolsamania | 06 oct, 2017 06:00 - Actualizado: 08:22
Cataluna-Ciudad

Con Naturhouse empezó todo en agosto entre las grandes compañías. Tras el referéndum del 1-O, Oryzon decidió seguir sus pasos y mudarse de Barcelona a Madrid por la incertidumbre política. Un día después, Eurona tomaba el mismo camino y Banco Sabadell reunía a su consejo de administración de forma extraordinaria para aprobar el cambio de su sede social de la ciudad condal a Alicante. Y Dogi ha sido el último el último en anunciar su traslado a Madrid.

Una ‘fuga’ que han realizado 429 empresas en el primer semestre de 2017, según los datos de Informa D&B. Si se restan las compañías que han llegado en este período, Cataluña es la comunidad con el saldo negativo más elevado con 136 empresas. La gran beneficiado es Madrid, que ha recibido el 46% de las empresas que han abandonado el territorio catalán.

Desde Moncloa se busca facilitar esta decisión. El Gobierno estudia aprobar un decreto ley que haría posible la salida de empresas de Cataluña sin necesidad de que organicen una junta de accionistas, según informaba este jueves la agencia Reuters. No obstante, desde la ley de sociedades de capital de 2015 se anuncia que el consejo de administración, sin necesidad de pasar por la junta de accionistas, puede aprobar este hecho . Así lo establece el apartado dos del artículo 285 de la citada ley, que afirma: "Salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional", indica.

“Las empresas que está abandonando Cataluña lo que están buscando es seguridad jurídica”

La nueva norma facilitaría la posible decisión a Caixabank. El banco que preside Jordi Gual sí especifica en sus Estatutos que "para proceder a su traslado (del domicilio social) a un término municipal distinto se precisará el acuerdo de la Junta General de Accionistas". Otra opción que podría aplicar el Grupo Catalana Occidente, que ha manifestado este jueves que, "en función de cómo se desenvuelvan los hechos", tomará "de forma ágil" las decisiones "que sean oportunas" con el objetivo de "preservar los intereses" de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas.

La incertidumbre puede provocar un efecto dominó. “Las empresas que está abandonando Cataluña lo que están buscando es seguridad jurídica”, indica José Andrés Sánchez Pedroche, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Pero, ¿qué impacto tiene sobre una empresa un cambio de sede social?

La sede social de una compañía es el centro desde el que se administra una sociedad mercantil. Este debe figurar en los estatutos sociales de la compañía e implica que se está bajo el régimen jurídico de esa localidad. Existen empresas que tienen el centro operativo en un lado y la sede social en otro, como es el caso de Santander o BBVA. El banco que preside Ana Botín tiene su sede social en la ciudad cántabra y el banco que lidera Francisco González en Bilbao, pero ambos tienen su centro de operaciones en Madrid.

Esa supuesta Cataluña independiente sí se quedaría sin los impuestos de Caixabank

¿CÓMO INFLUYE EN LOS IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS?

“El impuesto de sociedades es en todos los territorios igual porque se abona al Estado”, apunta Sánchez Pedroche. Por lo tanto, da igual dónde se recauda, porque van a la 'caja única' del Estado. Caixabank seguiría pagando lo mismo. Pero esa supuesta Cataluña independiente sí se quedaría sin los impuestos de Caixabank.

Una partida que sí que varía según el territorio es el impuesto de actividades económicas (IAE), un tributo gestionado por los ayuntamientos y Hacienda. Este impuesto grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica. “Con el IAE tienen cierta horquilla los ayuntamientos, aunque no tienen mucha capacidad de juego para poder atraer a las compañías”, indica José Andrés Sánchez Pedroche.

Otro impuesto que es variable en diferentes compañías en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). “Este tributo recae sobre actividades de la empresas como reducciones de capital o ampliaciones y es recaudado por las autonomías que se benefician de tener la sede social de la compañía”, apunta el catedrático.

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