Respalda a la vicepresidenta sobre su propuesta del sí explícito y apunta que el derecho comparado puede dar soluciones
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha propuesto a cumplir con el Pacto de Estado contra la violencia de género formando a todos los operadores jurídicos en materia de Igualdad. "No hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada", ha señalado.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, en donde ha informado de las líneas de trabajo de su departamento, Delgado ha señalado que, aunque la legislación española contempla la necesidad de formación de los operadores jurídicos en materia de género e igualdad, estas normas "son muy poco conocidas y estudiadas".
"A día de hoy solo quienes están destinados en los juzgados especializados de violencia de género cuentan con alguna formación en este sentido", ha reconocido la titular de Justicia, quien ha apuntado que tanto jueces, como fiscales, letrados de la administración, forenses o abogados, "deben contar con esta formación como instrumento clave para identificar los estereotipos de género que pueden llevarles a caer en la trampa de un análisis inequitativo".
Para Delgado, "cada caso que se ve en un juzgado o tribunal es distinto" y debe analizarse "de manera individualizada" y los responsables deben tener "la formación necesaria para poder tener en cuenta el resultado diferente que la aplicación de una determinada norma puede tener sobre hombres y mujeres a la hora de identificar situaciones en las que haya desigualdad".
En su intervención, la ministra no se ha referido directamente al caso de 'La Manada', pero ha señalado que se han producido "ejemplos recientes de resoluciones judiciales" que han "provocado una reacción social sostenida". Además, ha destacado las "justas demandas" que, a su juicio, se evidenciaron el último 8 de marzo y que "no puede pasar desapercibidas" para el Gobierno.
"Una sociedad que recibe el grito unánime de más de la mitad a de sus integrantes debe ponerse en terapia de forma urgente", ha indicado Delgado, para señalar que, ante esta situación Justicia propondrá la creación de un Centro de Estudios Jurídicos que coordine los programas conjuntos en materia de género, con la preparación y capacitación de los operadores y operadoras de Derecho.
UNA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
"Así se lo transmitiremos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su presidente, para que tenga su reflejo, en la medida de lo necesario, en la Escuela Judicial y en sus programas de formación", ha insistido.
Del mismo modo, Delgado ha señalado que encargará a un grupo de expertas una relectura desde una perspectiva de género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Preguntada por la oposición sobre más detalles de esta iniciativa, la responsable de Justicia ha apuntado que se trata de cambiar aspectos "materiales y terminológicos" con dos aspiraciones: "la adecuación terminológica", que ha defendido como "fundamental" para "meter en la cabeza el lenguaje inclusivo" y la visión de género del texto.
Como ejemplo, ha puesto una violación en el que la mujer "es víctima y testigo" del delito, dos condiciones que, según ha explicado, se deben tener en cuenta porque tienen tratamiento distinto en los procesos judiciales. "Lo que debemos evitar es que la víctima se revictimice, por ejemplo, en una declaración", ha indicado.
Por otra parte, ha explicado se ha ampliado el encargo que se realizó a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación sobre la posible reforma del Código Penal y se ha prorrogado al 15 de noviembre el plazo para la finalización de sus trabajos. "Queremos que analice no sólo el encargo inicial de estudiar una reforma del Código Penal respecto a delitos contra la libertad sexual, sino también si resulta necesaria la modificación de otras normas", ha explicado.
En este sentido, la ministra ha respaldado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en su propuesta de reformar el Código Penal para que todo aquello que no sea un sí expreso en una relación sexual sea delito, como se recoge en leyes como la Sueca o la alemana. "Es muy importante tener en cuenta el derecho comparado, porque a veces nos da soluciones", ha indicado Delgado, para añadir que, a veces, "se ha dado en otros países situaciones como las que ahora se tienen sobre la mesa aquí".
LA VIOLENCIA SEXUAL COMO VIOLENCIA DE GÉNERO
El Gobierno, además, estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género lo que, según ha indicado, permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita previsto en la ley integral e implicaría la obligatoriedad de aplicar la ley integral en estos supuestos, con toda su batería de medidas, entre ellas la labor de asesoramiento previo y acompañamiento.
"Esta propuesta está ya prevista en la nueva ley de asistencia a víctimas", ha declarado la ministra, quien ha señalado es "necesaria", tanto su puesta en marcha, como el desarrollo de oficinas de asistencia a víctimas que, aunque es materia competencia de las comunidades autónomas, se podría llevar a cabo en territorio ministerial.
En cuanto a los juzgados especializados en violencia de género, Delgado ha reconocido deficiencias, para lo que da dos "soluciones" para las que no se necesita un aumento significativo de los recursos: concentrar varios juzgados de violencia en uno solo, comarcalizando y especializando la respuesta; o en aquellos partidos judiciales en los que existe más de un juzgado de instrucción, atribuir a uno de ellos, en exclusiva la competencia sobre la violencia de género.
EL PP PIDE QUE NO SE CUESTIONE AL PODER JUDICIAL
La portavoz del PP en esta comisión, María Jesús Moro, ha sido la más dura con Delgado, reprochándole la "actualidad" que ha generado el Gobierno con sus manifestaciones con las que, a su juicio, no está haciendo una defensa de la legalidad y racionalidad de los Poderes del Estado. Se ha referido, concretamente, a la vicepresidenta, para acusarla de cuestionar la eficacia de la justicia y la formación de los jueces.
Moro ha denunciado que no se puede "consentir un poder judicial cuestionado y que se subasten las sentencias y otras decisiones judiciales en la plaza pública" porque, a su juicio, si esta situación se permite "llamará a la puerta" y "nos engullirá".
También se ha referido a la Igualdad en este departamento el portavoz de Unidos Podemos, Eduardo Santos, quien ha señalado que la Justicia se encuentra, en este momento, en "el punto máximo de ruptura" con la sociedad, ya que esta tiene la percepción "de que el 50 por ciento de la población está desprotegida".
"Le apoyaremos en el traslado del Pacto de Estado contra la violencia machista y esfuerzo presupuestario que se necesite para ello", ha asegurado el diputado, quien también ha pedido garantías para un mayor acceso de las mujeres a los altos cargos de la carrera judicial.