La juez que investiga el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado a otras 34 personas en esta macrocausa. Tras estas nuevas acciones, el número total de imputados asciende a 265.
Además de dictar estas nuevas imputaciones, Alaya ha citado a declarar a los peritos de la Intervención General del Estado, que deberán comparecer el próximo 19 de febrero para ratificar el informe que realizaron sobre las irregularidades investigadas en la causa.
En un auto emitido este martes, la juez ha señalado estas 34 nuevas imputaciones, que ha decidido tras recibir nuevos documentos. Entre ellos se encuentra un atestado sobre ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
FRAUDE CON LOS FONDOS DE LA UE
Este nuevo auto coincide con la detención de 90 personas en la ‘operación Edu’, también instruida por la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en cursos de formación a desempleados en la Junta de Andalucía.
El caso de los ERE de Andalucía podría ser sólo la punta del iceberg de un fraude masivo con los fondos de la Unión Europea. Así lo ha asegurado ante la Guardia Civil Carlos Cañavate, director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. Según recoge el diario El Mundo, Cañavate ha admitido que existe “un problema importante a nivel de toda la administración andaluza” relacionado con la gestión de los fondos que llegan desde Bruselas.
En su declaración a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el responsable señaló que, al llegar en octubre de 2013 a su cargo, encontró 950 millones de euros en ayudas de formación sin justificar. Según Cañavate, la Junta de Andalucía había exonerado a los beneficiarios de la obligación de justificarlas desde el año 2007 y él decidió acabar con esta práctica.
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