- La operación se está llevando a cabo en Cádiz, Málaga y Almería
Los cursos de formación en Andalucía siguen en el punto de mira. La Policía Nacional ha puesto en marcha una nueva fase de la operación Edu contra el fraude en los cursos para trabajadores que podría saldarse con la detención de otros 90 empresarios y dirigentes políticos presuntamente implicados en el fraude. La operación se está llevando a cabo en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería y en él participa medio centenar de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
La Policía investiga a administradores de sociedades que recibieron ayudas a pesar de que no reunían los requisitos
La nueva fase del caso Edu se dirige contra los administradores de sociedades mercantiles que recibieron subvenciones para formar a desempleados a pesar de que no reunían los requisitos necesarios para disfrutar de las ayudas o que ni siquiera llegaron a realizar los cursos para los que fueron seleccionados. Fuentes de la investigación recogidas por Europa Press han precisado que esta nueva fase ha sido bautizada con el nombre 'Edu Costa'.
A primera hora de la mañana del martes, los efectivos de la Policía Judicial han detenido a 14 presuntos implicados, casi todos ellos cargos políticos del PSOE. Según apuntan diversos medios, han actuado contra 12 cargos municipales del PSOE, uno del PP y un sacerdote. Entre los arrestados está la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, que presta declaración en una comisaría de Cádiz, y el concejal del PSOE en Roquetas de Mar (Almería) y empresario Juan Fernando Ortega.
La UDEF dispone además de indicios que apuntan a administradores y dirigentes políticos de las otras cinco provincias andaluzas que también estarían relacionados con el fraude y que pueden desencadenar nuevas detenciones en las próximas semanas y sostienen que el fraude ascendería a 3.000 millones de euros.
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LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
Los imputados están acusados de presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones
Actualmente, la Fiscalía ha abierto diligencias por el presunto fraude de los cursos de formación en todas las capitales de Andalucía excepto Jaén. Los imputados están acusados de presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.
En abril de 2014, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves". El ministerio Fiscal afirmó que la gestión de esas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", de tal manera que abre la puerta a "posibles y habituales irregularidades" y hay "una ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.
Por su parte, la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, también investiga presuntos fraudes en los cursos de formación y ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Ángel Ojeda y Antonio Fernández. En cuanto a Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, un informe de la UDEF indicó que trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del SAE, entre 2011 y 2012.
EL FRAUDE CON LOS ERE Y LA FORMACIÓN EN ANDALUCÍA
El caso de los ERE de Andalucía podría ser sólo la punta del iceberg de un fraude masivo con los fondos de la Unión Europea. Así lo ha asegurado ante la Guardia Civil Carlos Cañavate, director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. Según recoge El Mundo, Cañavate ha admitido ante el organismo policial que existe “un problema importante a nivel de toda la administración andaluza” en relación a la gestión de los fondos que llegan desde Bruselas.
En su declaración a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el responsable señaló que al llegar en octubre de 2013 a su cargo se encontró con 950 millones de euros de ayudas de formación sin justificar porque la Junta de Andalucía había exonerado a los beneficiarios de la obligación de justificarlas desde el año 2007 y que él decidió acabar con dicha práctica, según recoge El Mundo.
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