La Comisión Europea ha ampliado la investigación abierta en octubre de 2013 sobre el sistema fiscal gibraltareño para averiguar si el nuevo régimen del Impuesto de Sociedades en la colonia favorece a determinadas empresas, lo que sería contrario a las normas europeas sobre ayudas estatales.
El Ejecutivo comunitario abrió este expediente a partir de una denuncia de España. Así, ha analizado 165 acuerdos fiscales entre el Gobierno de Gibraltar y distintas empresas entre 2011 y agosto de 2013 al considerar que pueden incluir ayudas públicas ilegales a sociedades que no generan sus ingresos en el Peñón.
Según la investigación de la CE, la fiscalidad gibraltareña podría otorgar ventajas a las empresas extraterritoriales. Ahora ampliará también sus averiguaciones a una nueva práctica derivada del cambio de normativa fiscal en 2010: la posibilidad de que las empresas tengan por adelantado la confirmación de si los ingresos serán o no gravados en Gibraltar.
Tras analizar la información remitida por el Reino Unido, Bruselas estima que las autoridades gibraltareñas aprueban estas decisiones tributarias anticipativas “sin evaluar adecuadamente si los ingresos de las empresas son generados o tiene su origen fuera de Gibraltar”. Asimismo, “teme que todas las decisiones anticipativas puedan contener ayudas estatales”, que serían incompatibles con la normativa comunitaria sobre ayudas públicas.