- Por su parte, CaixaBank y Santander han decidido no tomar acciones contra la entidad
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado este miércoles que iniciará "de inmediato" acciones judiciales para recuperar el dinero perdido por los miles de accionistas que acudieron a la Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) que culminó con la salida a Bolsa de Bankia. A su juicio, la información sobre la salida a Bolsa de Bankia está directamente relacionada con un folleto que "no reflejaba la realidad de la entidad" y los estados financieros de Bankia "tampoco expresaban su estado real".
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Las acciones judiciales están dirigidas a las personas que acudieron a la OPV o compraron acciones hasta su nacionalización
La OCU explica en un comunicado que las acciones judiciales están dirigidas a aquellas personas que acudieron a la OPV de verano de 2011 ó compraron acciones hasta la nacionalización de la entidad. Además, la organización recuerda que los accionistas que acudieron a esa emisión de 2011, cuando la entidad salió a Bolsa con "todos los parabienes de los reguladores" han perdido "todo su dinero". Y recuerdan que "tras inaugurar la sesión Rodrigo Rato con el tradicional toque de campana en el parquet madrileño, la cotización de las acciones fue bajando sin remedio".
La OCU señala que las acciones de Bankia salieron a Bolsa en julio de 2011 a un precio de 3,75 euros cada una y que la entidad indicó que, dado que sus activos totales a cierre del ejercicio 2011 eran de cerca de 300 millones de euros, se estimaba que el valor de mercado del primer día de cotización fuera de 4,00 y 5,05 euros. Aún así, desde la organización recuerdan que "la cruda realidad vino cuando el 25 de mayo de 2012 la entidad declaraba su quiebra técnica con un agujero de 23.465 millones de euros, lo que supuso la inyección de dinero público del Estado".
LAS GRANDES EMPRESAS RENUNCIAN A RECLAMAR
A diferencia de los pequeños inversores, la mayoría de las grandes empresas que acudieron a la salida a bolsa de Bankia apuestan por no recurrir el dinero en los tribunales, a pesar de las declaraciones de los peritos del Banco de España en las que se cuestionaba la veracidad de las cuentas presentadas por la entidad antes de su debut bursátil.
Detrás de este movimiento se esconde la intención de "no hacer ruido" en un proceso donde el Estado, como dueño de Bankia, se juega indemnizaciones millonarias y salir salpicado por la causa al haber empujado la operación. Además, a esto se le añade que como inversores cualificados se les presupone conocedores del riesgo que asumían.
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