• La actuación de Hacienda no ha estado coordinada con las administraciones locales y regionales
  • La necesidad en algunos casos de presentar solicitud supondrá un ahorro para la Administración
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Con el inicio del año, el Gobierno cumplió su anuncio de devolver parte de la paga extra a de diciembre de 2012 a los funcionarios. Los sindicatos del sector público critican la oportunidad de la medida, que coincide con varias sentencias del Tribunal Supremo y se produce en un año electoral, además de haber producido cierta descordinación entre las distintas administraciones.

El pasado 2 de enero, el Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las instrucciones para la devolución de parte de la paga extra a los funcionarios estatales. Tras este anuncio, la Comunidad de Madrid, que indicó que haría la devolución de la parte proporcional antes del 1 abril, ha seguido a la Administración Central y también abonará la parte proporcional en la nómina de enero para aquellos trabajadores públicos cuya situación no haya variado desde 2012, mientras que el resto deberán solicitar la devolución, mismo procedimiento que está siguiendo el Estado.

Esta petición afecta a los empleados públicos que hayan dejado de serlo desde la retirada de la paga extra, pero también a aquellos que hayan cambiado de destino o de situación dentro de la misma Administración y a los que se hayan jubilado. En caso de fallecimiento, la solicitud deberá ser presentada por los herederos. El secretario general de CSIT Unión Profesional, José Ángel Montero, explica, en declaraciones a Bolsamanía, que se podrían evitar muchas de estas solicitudes, ya que la Administración dispone de los datos de gran parte de los afectados por esta medida. “Para retirarlo no hubo ningún problema, se hizo a todo el mundo de oficio”, critica.

Así, considera que se trata de un mecanismo para que algunas peticiones no lleguen a realizarse, y generar un ahorro para la Administración. Además, no se ha establecido ningún plazo ni se ha informado de cuánto tiempo se tardará en abonar la parte a devolver de la paga extra a aquellos que lo soliciten. “Es una medida que saben que va a haber gente que no va a pedir por diversos motivos”, ya sea por desinformación o por dificultades para presentar la documentación necesaria.

DESCOORDINACIÓN CON LAS AUTONOMÍAS

La publicación de las instrucciones para los empleados estatales en el Boletín Oficial del Estado generó inquietud e incertidumbre entre los trabajadores de administraciones autonómicas y entes locales que aún no había recibido ningún tipo de información, señalan desde CSIT Unión Profesional. “Entendemos que todo esto se ha hecho un poco por improvisación”, opina Montero.

"Para retirarlo no hubo ningún problema, se hizo a todo el mundo de oficio"

Desde CSIT señalan que, debido a esta decisión, en la Comunidad de Madrid se han producido retrasos a la hora de trasladar las instrucciones a las direcciones de personal. Así, los formularios para solicitar la devolución en esta autonomía no han estado disponibles en la web de la administración regional hasta la tarde del martes 13 de enero. Desde el sindicato de empleados públicos consideran extremadamente ajustados estos plazos, ya que esta semana se cierran las nóminas del mes.

El caso más complicado es el de la dirección de recursos humanos de Educación regional, por un doble motivo: aún no se han facilitado los modelos para solicitar la devolución y además se trata de un departamento con una alta tasa de interinidad. Por el contrario, el SERMAS decidió dictar las instrucciones el 8 de enero.

UNA DECISIÓN ELECTORALISTA

“Lo hacen ahora por un motivo fundamentalmente electoralista”, explica José Ángel Montero. Esta medida llega tras varias sentencias del Tribunal Supremo contrarias a la Administración, que declaran ilegal la retención de la totalidad de la paga extra debido a que la medida se aprobó en junio de 2012. Además, la retirada de esta retribución está denunciada ante el Tribunal Constitucional, que la ha admitido a trámite. “Nos están devolviendo en un año de elecciones algo que nunca nos tendrían que haber quitado”, denuncia Montero.

Lo que han hecho las administraciones, a su juicio, no es otra cosa que “adelantar el resultado de la confirmación del Tribunal Supremo”, que está pendiente de resolver la impugnación de las sentencias que ordenan la devolución de una cuarta parte de la paga extra y “en unos meses iba a decidir que tenía que hacerlo”.

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