- Llevó la investigación sobre la trama de corrupción durante casi tres años
El juez Antonio Pedreira, instructor durante casi tres años del 'caso Gürtel', falleció el pasado martes en Madrid a los 66 años, aunque la noticia no se ha conocido hasta este jueves.
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El juez llevaba unos tres años hospitalizado en una residencia sanitaria de Madrid tras sufrir un accidente cerebral
Según recoge Efe, Antonio Pedreira Andrade llevaba unos tres años hospitalizado en una residencia sanitaria de Madrid tras sufrir un accidente cerebral. Natural de A Coruña, ejerció como letrado del Ayuntamiento de Madrid desde 1972 y tras diecisiete años en el consistorio fue nombrado, en 1989, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Profesor titulado de derecho civil de la UNED, desde julio de 2009 presidía la Asociación Parkinson Madrid, enfermedad que los médicos le diagnosticaron en 1989.
SU PAPEL EN EL GÜRTEL
El magistrado asumió la instrucción del caso Gürtel el 31 de marzo de 2009, después de que el juez Baltasar Garzón se inhibiese en favor del TSJM al hallar indicios contra los diputados regionales del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
Durante los casi tres años que llevó la causa, Pedreira ratificó la prisión preventiva para el principal implicado, Francisco Correa, y en julio de 2009 se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la parte de la causa que investigaba la entrega de regalos a altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos el por entonces presidente Francisco Camps.
Envió la causa al Supremo para evitar que los supuestos delitos fiscales y de cohecho que se imputaban a Bárcenas prescribiesen
Ya en junio de 2009 remitió la causa al Tribunal Supremo, al que pidió que decidiese de manera urgente si se quedaba con el caso para evitar que los supuestos indicios de delito fiscal y de cohecho que se imputaban a Bárcenas prescribiesen, y el Alto Tribunal decidió días después asumir la investigación sobre el extesorero del PP.
Como magistrado del Alto Tribunal madrileño, en julio de 2003 emitió su voto particular en la decisión de no admitir a trámite la querella del PSOE contra los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y otros cargos políticos y constructores por un delito continuado de cohecho en la crisis de la Asamblea de Madrid.
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