• Los letrados coinciden en que no ha habido una investidura fallida y que, por lo tanto, no ha empezado a correr el plazo de dos meses
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Reunión de la Mesa del ParlamentEUROPA PRESS

Los letrados del Parlament de Cataluña ya tienen listo el informe sobre los plazos de la investidura. Lo han entregado este viernes tanto al presidente de la Cámara, Roger Torrent, como al resto de miembros de la Mesa. En él aseguran que la cuenta atrás para la investidura no ha empezado a correr porque no ha habido ninguna votación fallida. Alegan que Torrent propuso un candidato, Carles Puigdemont, pero que la votación no se pudo llevar a cabo porque así lo determinó el Tribunal Constitucional, lo que provocó el aplazamiento del Pleno de investidura. Por tanto, los plazos marcados por ley no han echado a andar.

Los letrados dejan en manos de Torrent la activación de la 'cuenta atrás' de la investidura si el bloqueo se eterniza

El informe iba a entregarse el pasado martes, pero su contenido ha despertado diferencias entre los letrados, que han estado elaborando varias versiones hasta alcanzar una definitiva firmada por el secretario general del Parlament, Xavier Muro. De hecho, el documento se había encargado al letrado mayor, Antoni Bayona, pero el texto que redactó inicialmente no generó consenso y se optó por reformularlo a través de otros letrados.

Todos los juristas -también Bayona- coinciden en que no ha habido una investidura fallida y que, por lo tanto, no ha empezado a correr la cuenta atrás de dos meses que la ley fija como plazo para investir a un candidato antes de una convocatoria automática de elecciones.

Si bien los juristas están alineados en la tesis de que el tiempo no corre, diferían en si es necesario señalar a Torrent como responsable de desbloquear la situación para que no se eternice. Había algunos partidarios de señalar vías de desbloqueo y cargar las responsabilidades sobre Torrent, aunque otros juristas no estaban de acuerdo y habían exigido ser menos explícitos. Finalmente, en el informe dado a conocer este viernes se asegura que corresponde al presidente de la Cámara, Roger Torrent, "activar" el inicio de esta cuenta atrás y lo puede hacer de varias maneras.

En concreto, el texto remarca que "si se prolonga la situación de interinidad o bloqueo institucional con posterioridad a la decisión del TC, se podría considerar que el presidente del Parlament se encuentre facultado para activar el inicio del plazo para la convocatoria automática de elecciones, mediante una comunicación a la Cámara en la que constatase la imposibilidad de investidura", sin perjuicio de su capacidad para iniciar otra ronda de contactos.

VÍAS DE DESBLOQUEO

Entre las vías de desbloqueo que se proponían inicialmente figuraba la de abrir una nueva ronda de contactos con los grupos para proponer a otro candidato que no sea Carles Puigdemont, o bien comunicar al pleno que no hay otro candidato posible y activar así la cuenta atrás. Antes de ello, también se planteaba esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva las alegaciones del Parlament en relación a la investidura de Carles Puigdemont, un plazo que se prevé que se dilate varias semanas.

Finalmente, se ha dado la potestad a Torrent, para que haga correr el plazo con "un acto equivalente a la primera votación de investidura" en caso de que el bloqueo se alargue, e incluso insiste en que sea el Constitucional quien aclare en última instancia la disyuntiva cuando admita a trámite la impugnación del Gobierno, puesto que fue el encargado de vetar una posible votación de investidura del candidato inicialmente designado, recoge La Vanguardia.

"El aplazamiento de la sesión plenaria no se ha producido por una decisión arbitraria del presidente” del Parlament, “sino como consecuencia de una decisión ajena adoptada por otro órgano, (...) por lo que tampoco se puede equiparar a una investidura quiebra o en una primera votación sobre el candidato", dice también el informe de los letrados, que incluye tres fórmulas posibles para salir de la situación a corto plazo y recuerda a Torrent que la ley le hace responsable directo de impulsar la investidura en un plazo de tiempo razonable.

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