• Rajoy recurrirá a la ley de Seguridad Nacional, que ya estará aprobada en septiembre con el consenso pleno del PSOE
  • Funcionarios y Mossos d’Esquadra podrían ponerse sin más trámite a disposición del Gobierno del Estado
artur mas, cataluña

La táctica de Rajoy, desde que comenzó el ‘proceso’ independentista –la preparación, primero, de un referéndum de autodeterminación que terminó en farsa informal, y la convocatoria, después, de unas elecciones ‘plebiscitarias’, que está ya a punto de producirse- ha sido la de ‘wait and see’, la de esperar y ver, limitándose a formular meras advertencias y manteniendo a la abogacía del Estado a la expectativa y dispuesta a salir al paso de las infracciones al ordenamiento que puedan producirse.

Además de embarazosa, es poco eficaz la técnica de intervenir en los asuntos políticos por vías judiciales

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En el caso del referéndum, las advertencias surtieron un efecto a medias, la denuncia ante el Constitucional derivó en una orden de suspensión que se cumplió a medias ya que hubo en realidad un remedo de consulta, y las denuncias a posteriori desembocaron en la inculpación de Arturt Mas y dos consejeros de la Generalitat por advertir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña indicios de ‘desobediencia’. Con tales elementos, se abrió un procedimiento del que nunca más se supo. Y es que, además de embarazosa, es poco eficaz la técnica de intervenir en los asuntos políticos por vías judiciales. Siempre es preferible anticiparse a los conflictos, y hacerlo por cauces políticos. Como en Escocia, como en Québec.

CONFECCIÓN DE LAS LISTAS

Ahora, el Gobierno central ha dado a entender que será muy difícil detener con argumentos jurídicos las elecciones autonómicas/plebiscitarias que Artur Mas, en uso de sus facultades como presidente de la Generalitat, convocará para el 27S porque es previsible que en todo el proceso de convocatoria no se van a cometer deslices que puedan servir de asidero a una impugnación. Y como ya anticipó el viernes Sáenz de Santamaría, la confección de las listas compete en exclusiva a los partidos, que lo harán como crean conveniente, por lo que tampoco es recurrible la pintoresca ‘lista de país’. En otras palabras, el Gobierno presume que la primera “incidencia” impugnable será la declaración unilateral de independencia que previsiblemente hará Mas en nombre de los miembros de su lista si ésta consigue mayoría absoluta en el parlamento que surja de las elecciones.

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En efecto, si se produjera tal mayoría –algo que no está en absoluto claro ya que la hibridación ERC-CDC-ICV provocará profundos rechazos entre las clientelas tradicionales de las tres organizaciones que ahora se vinculan (ICV no ingresa en la lista pero sí uno de sus principales tránsfugas, con prestigio en la izquierda)-, y arrancará por tanto la secuencia de medidas de ruptura con el Estado que los independentistas tienen preparada, Rajoy, además de impugnar ante el TC los sucesivos pasos, recurriría probablemente a la ley de Seguridad Nacional, que ya estará aprobada en septiembre con el consenso pleno del PSOE, y que está concebida para gestionar crisis como la que puede desencadenarse con la declaración de independencia. Rajoy podría, en definitiva, declarar que esta especie de rebelión autodeterminista es una “situación de interés para la Seguridad Nacional”, y ello obligaría a todas las autoridades a aportar los medios materiales y humanos necesarios para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación. Funcionarios y Mossos d’Esquadra podrían ponerse sin más trámite a disposición del Gobierno del Estado para paralizar la política de hechos consumados que hubiera podido planear Artur Mas.

Mediante esta ‘intervención’ blanda, se evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución

Mediante esta ‘intervención’ blanda, se evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía, previo el visto bueno del Senado, y cuya aparatosidad resultaría inconveniente.

Si se produjera alguna de estas situaciones excepcionales, que paralizarían la deriva pero no resolverían el problema, resultaría apremiante la necesidad de abrir diálogos para tratar de encauzar el estallido, de apaciguar los ánimos y de reconducir el conflicto, pero es impensable que Rajoy se disponga a semejante trajín dialéctico. Como lo es también que este gobierno abra vías francas de debate constructivo con Cataluña si la lista independentista pierde. A pesar de que, en este caso, será todavía más necesario explorar caminos para resolver de una vez por todas muchas de las causas de la incomodidad catalana en que los catalanes tienen toda la razón o parte de ella. Porque el revuelo independentista no puede hacernos perder de vista que hay disfunciones evidentes, empezando por el actual sistema de financiación, que requieren una corrección urgente, y que han contribuido a provocar este gran desaguisado.

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