La indemnización del TEDH para Portu y Sarasola se detraerá de la deuda pendiente con las víctimas del atentado de la T4

"El tribunal entiende que las lesiones tienen que ser atribuidas al Estado"

  • Con sumas de 20.000 y 30.000 euros
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Bolsamanía
Europa Press | 13 feb, 2018 11:09 - Actualizado: 17:42
ep igor portumattin sarasolala audiencia nacional
Igor Portu Y Mattin Sarasola En La Audiencia NacionalPOOL

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Mattin Sarasola, los etarras responsables del atentado de la T4, por torturas y penas y tratos inhumanos y degradantes. La abogacía del Estado pedirá además que la indemnización se detraiga de la deuda pendiente con las víctimas del atentado según fuentes jurídicas.

Las citadas fuentes explican que, siguiendo casos similares como el de la también etarra Inés del Río, la Abogacía del Estado informará de la deuda pendiente contraída en concepto de responsabilidad civil. De esta forma, se 'bloqueará' la indemnización comunicada este martes por Estrasburgo, que ha condenado a España a pagar 30.000 euros a Portu y 20.000 a Sarasola por el trato "inhumano y degradante" que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008.

"Ni las autoridades ni el Gobierno han aportado ningún argumento creíble o convincente que pueda servir para explicar o justificar las lesiones que alegan los demandantes. Y el tribunal entiende que las lesiones tienen que ser atribuidas al Estado", argumenta la sentencia de Estrasburgo.

Portu y Sarasola decidieron llevar el caso a Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso contra la absolución de los agentes y presentaron, tanto por motivos de fondo como de forma, una demanda que fue admitida a trámite en enero de 2015 por el tribunal de garantías europeo.

El Supremo absolvió el 15 de noviembre de 2011 a los cuatro guardias civiles que habían sido condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa a penas de entre dos y cuatro años y medio de cárcel por torturar a los miembros de la banda terrorista ETA cuando fueron detenidos en la localidad guipuzcoana de Arrasate el 6 de enero de 2008.

La absolución fue validada por el Tribunal Constitucional, si bien ahora el TEDH apunta que el Supremo se limitó a desestimar la demanda sin entrar a considerar si el uso de la fuerza física por los oficiales durante su arresto había sido estrictamente necesario y proporcionado.

Tampoco se estudió si las lesiones más graves, que fueron las sufridas por Portu, podrían haber sido atribuidas a los oficiales responsables de su detención, argumenta la sentencia. Dichas omisiones habían impedido que el tribunal nacional estableciera de forma concreta cuales fueron los hechos ocurridos y las circunstancias que rodearon la detención de los terroristas.

TIRÓN DE OREJAS AL SUPREMO

En la los fundamentos jurídicos de la sentencia, el TEDH reprocha al Supremo español que no atribuyera valor probatorio a informes médicos forenses del Instituto Forense Vasco en los que la Audiencia Provincial había basado la condena inicial de los agentes, excluyéndolos sobre la base de que habían sido basado en una premisa falsa (el propio maltrato). Portu y Sarasola fueron condenados en mayo de 2014 del pasado año a 1.040 años de cárcel por el atentado contra la T-4 de Barajas cometido el 30 de diciembre de 2006 en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

Según esta sentencia, la declaración de Portu y Sarasola podría "perfectamente ser calificada de 'kantada', 'coartada falsa' o 'explicación ficticia o deformada'" al denunciar falsamente torturas, siguiendo las directrices que dejó plasmadas en un documento el ex jefe de la banda terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki'.

La Sala advirtió de que la "inmensa cantidad de golpes y agresiones de todo orden no constatados que los querellantes dicen haber recibido pudieron responder a las instrucciones orgánicas recibidas por los terroristas, de cumplimiento imperativo". Además, el alto tribunal reprendió a la Audiencia Provincial que no cuestionara la fiabilidad del testimonio del alcalde de Aramaio (Álava) por ANV, en su día imputado y después absuelto por pertenencia a banda armada, que incurrió también en numerosas "contradicciones e inexactitudes" y asimismo se "excedió de sus facultades" de alcalde al suplantar las propias del fedatario y certificar unos datos sobre el lugar y circunstancias de la detención para los que carecía de capacidad.

El Supremo expuso también en su sentencia que los forenses de San Sebastián y Madrid detectaron el polvo y la tierra que llevaban los detenidos en las ropas, algo que los denunciantes atribuyeron a una caída "insólita", y recalcó que la Audiencia Provincial debía justificar plenamente la concurrencia de pruebas suficientes para fundamentar la condena.

EL PRECEDENTE DE INÉS DEL RÍO

En octubre de 2013, la Audiencia Nacional ordenó que se bloquearan los 30.000 euros concedidos por Estrasburgo por los daños morales que le habría causado a Inés del Río la aplicación con carácter retroactivo de la denominada 'doctrina Parot'. La Sala de lo Penal reclamó ese dinero para atender a la responsabilidad civil por el pasado criminal de la terrorista. En el caso de Portu y Sarasola, Estrasburgo considera que la actuación policial de enero de 2008 que permitió la detención de ambos supuso una violación del artículo 3 (prohibición de trato inhumano y degradante) de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, por lo que España debe indemnizar a ambos presos.

La corte europea con sede en Estrasburgo rechaza que lo ocurrido pueda ser calificado de tortura, si bien apunta que el maltrato fue lo "suficientemente grave" como para merecer la condena. "Ni las autoridades ni el Gobierno han aportado ningún argumento creíble o convincente que pueda servir para explicar o justificar las lesiones que alegan los demandantes", señala en su sentencia

Portu y Sarasola decidieron llevar el caso a Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso contra la absolución de los agentes y presentaron, tanto por motivos de fondo como de forma, una demanda que fue admitida a trámite en enero de 2015 por el tribunal de garantías europeo.

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