La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación, según el escrito de acusación presentado hoy ante el Tribunal Supremo.
Para los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), los Servicios Jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicita para ellos 11 años y medio de prisión.
En cuanto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que se solicitan 8 años de prisión. Un año menos, 7, es lo que se reclama para los exconsejeros Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) por malversación y desobediencia grave.
También se ha conocido el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha solicitado este viernes 25 años de prisión e inhabilitación para Oriol Junqueras por rebelión, como líder del proceso soberanista en Cataluña. Pide también para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart 17 años de cárcel e inhabilitación por el mismo delito.
Penas de la Fiscalía para los antiguos miembros del Govern soberanista:
Oriol Junqueras: 12 años de cárcel por sedición
Josep Rull: 11 años de cárcel por sedición
Jordi Turull: 11 años de cárcel por sedición
Raül Romeva: 11 años de cárcel por sedición
Joaquim Forn: 11 años de cárcel por sedición
Dolors Bassa: 11 años de cárce por sedición
Carles Mundó: 7 años de cárcel por malversación y desobediencia
Meritxell Borràs: 7 años de cárcel por malversación y desobediencia
Santi Vila: 7 años de cárcel por malversación y desobediencia
Penas de la Fiscalía para la Mesa del Parlament que proclamó la república:
Carme Forcadell: 10 años de cárcel por sedición
Joan Josep Nuet: multa
Lluís Corominas: multa
Anna Simó: multa
Lluís Guinó: multa
Ramona Barrufet: multa
Para los exlíderes de la ANC y actualmente diputado en el Parlament, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, reclaman penas de 8 años de cárcel por rebelión.
El Gobierno ha forzado a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los procesados del 1-O. Así, el Ministerio de Justicia acusa por los delitos de sedición y malversación, que aunque conllevan penas elevadas, son siempre inferiores a las de la rebelión.
La decisión supone que en el juicio del 1-O la Abogacía sostiene que nunca llegó a haber episodios de violencia suficientes como para acusar por rebelión, recogen distintos medios nacionales. En los últimos días, el Gobierno de Pedro Sánchez había puesto en duda públicamente que pudiera acusar por rebelión.
Ese cambio de orientación ha generado tensiones entre la Abogacía y el Ministerio de Justicia. Es este segundo, en última instancia, quien tiene la última palabra sobre cuál debe ser la acusación. La Abogacía actúa como representante de la Administración en los tribunales y no cuenta con la autonomía de la que disfruta la Fiscalía.
