El Consejo de Ministros de este martes aprobará los indultos a los presos del 'procès' soberanista catalán, una medida de gracia que implicará la condonación de parte de las penas por los delitos del 1-O, aunque mantendrá su inhabilitación para cargos públicos. Con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en libertad, así como el resto de exconsellers del gobierno de Puigdemont encarcelados, además de los líderes de la sociedad civil Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, la pregunta que se formulan muchos es si el expresident, Carles Puigdemont, afincado en Waterloo, volverá a España y cómo se afrontarán a partir de ahora las reivindicaciones independentistas.
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La medida de gracia del Ejecutivo del PSOE y Podemos llega con un amplio consenso de la sociedad catalana y del empresariado. El Cercle de Economía escenificó su apoyo sin fisuras al perdón del Gobierno la semana pasada, durante su XXXVI reunión anual en Barcelona. El mismo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, explicitó, no sin provocar el enfado de cierta parte de los empresarios y políticos españoles, que son una buena solución al conflicto, pese a que puntualizó que personalmente no está de acuerdo.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enseñado sus cartas sobre Cataluña durante la conferencia "Reencuentro: un proyecto de futuro para España" en el Gran Teatro del Liceu. No sólo ha confirmado que este martes se aprobará el perdón a los presos, sino que ha declarado sus intenciones de dedicar todas las energías a apostar por la concordia y hacerlo con "corazón".
Una vez que el Gobierno ya ha desplegado su jugada y ha abierto este nuevo capítulo en las relaciones entre España y Cataluña, le tocará al independentismo mover ficha. Nadie se atreve a despreciar la medida del Ejecutivo, ni siquiera los más radicales, que consideran que “cualquier mecanismo que permita a los presos volver con sus familias es bienvenida”, afirmaba el lunes la popular comentarista Pilar Rahola. Pese a todo, gran parte del soberanismo catalán sigue defendiendo la amnistía y el unilateralismo, pese a que el consenso social pasa por abrir una larga etapa de diálogo entre gobiernos.
De hecho, la diferencia entre ERC y Junts radica en que el republicano Oriol Junqueras muy probablemente acudirá a la mesa de diálogo con el Ejecutivo, una vez puesto en libertad, pese a que carezca de poder ejecutivo alguno. Entretanto, fuentes conocedoras indican que Puigdemont seguirá el Waterloo, ya que, según explica Isabel García Pagán, desde ‘La Vanguardia’, considera que su regreso a España no puede circunscribirse al acto de magnanimidad del Gobierno. Todo indica que pretende mantener su actividad política desde Bruselas.
LOS INDULTOS
En cualquier caso, el borrón y cuenta nueva que propone el Ejecutivo, con Sánchez a la cabeza, llega con el beneplácito absoluto de Europa y, según fuentes conocedores, se llegó a poner sobre la mesa en el asunto del reparto de los fondos europeos que la presidenta de la Comisión Europea, Úsrula von Der Leyen aprobó la semana pasada en su visita a España. Lo que minimizaría las reivindicaciones de Puigdemont ante los Veintisiete, quienes pasarán a considerar que el conflicto político catalán se encamina hacia una resolución.
El mismo Junqueras ha evidenciado, en recientes declaraciones, que esta medida sirve al Estado para protegerse, "revirtiendo algunas de las medidas abusivas que ha tomado durante todo este periodo". "Es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea no resistirán a esta confrontación", ha asegurado.
Independientemente del contexto político internacional, el contenido de las medidas de perdón pondrá el énfasis en la utilidad pública de los indultos, que se justificarán para fomentar la convivencia en Cataluña. Y las fuentes conocedoras reflejan que la argumentación será básicamente política.
Los indultos serán parciales, es decir, que solo se perdonará la pena de prisión que queda para cumplir y que seguirá vigente la inhabilitación por cargos públicos. Y también serán unos indultos reversibles, por lo tanto pueden quedar anulados si los presos volvieran a cometer un delito.
EL PRECEDENTE DE VERA Y BARRIONUEVO
Como precedente, se cuenta con el indulto parcial concedido en 1998 al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y del ex ministro del Interior José Barrionuevo, quienes permanecieron únicamente tres meses en prisión tras recibir un indulto parcial del Gobierno popular de José María Aznar. Se les conmutaron dos tercios de la condena de diez años de cárcel por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey por parte de los GAL.
A Vera y Barrionuevo se les aplicaron beneficios penitenciarios que facilitaron su salida de la cárcel en poco tiempo, si bien en su caso el Supremo había informado a favor de la medida de gracia, y esta es la principal diferencia con el caso de los líderes independentistas catalanes.
Dado el tiempo ya cumplido en prisión por la mayoría de los condenados -algunos en preventiva desde su detención en noviembre de 2017-, la reducción de sus penas conllevará en todo caso la obligada progresión al tercer grado penitenciario o incluso la libertad condicional 'adelantada' regulada en el artículo 90.2 del Código Penal.
En este artículo se señala que se podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que hayan extinguido dos terceras parte de su condena, algo que podría darse si el perdón concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez supone conmutar la actual pena de prisión de cada uno de los líderes independentistas por otra menor que les coloque en esta situación de cumplimiento.
Además, los indultos obligarán a una reunión de los seis magistrados que conforman la Sala que los condenó -faltará Luciano Varela, ya jubilado-, que tendrán que tendrán que realizar de oficio una nueva liquidación de las condenas impuestas a cada uno de ellos en función del alcance que tenga el perdón concedido por el Gobierno.
