El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, comparece ante la juez Carmen Rodríguez Medel como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
La juez le ha citado a las 15.30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, de forma presencial, para que explique por qué autorizó manifestaciones los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio. La comparecencia tendrá lugar justo un día después de que la magistrada haya inadmitido los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y rechace anular la causa, tal y como solicitaban.
La investigación se inició el 23 de marzo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admitió la denuncia presentada por un particular por estos hechos. Desde entonces trata dilucidar desde cuándo conocía la Delegación del Gobierno en Madrid el riesgo de contagio por coronavirus y si omitió la alerta que emitió el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades el 2 de marzo, así como las recomendaciones sanitarias.
Sin embargo, tanto la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, como la Fiscalía de Madrid se han opuesto a mantener viva la causa. Por un lado, los servicios jurídicos del Estado han recurrido casi todas las resoluciones de la juez Rodríguez-Medel y la práctica de todas las diligencias de investigación.
La Abogacía asegura que la magistrada ha querido convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma. Por su parte, la Fiscalía tampoco ve que el delegado del Gobierno haya cometido un delito de prevaricación, ya que ni ha dictado resolución ni ha omitido "norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad". En este sentido, añade que Franco no tiene competencias para prohibir una manifestación por razones sanitarias.
INFORMES DEL FORENSE Y DE LA GUARDIA CIVIL
Para esclarecer los hechos, la magistrada solicitó al médico forense adscrito al juzgado que analizará si la manifestaciones "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas", y a la Guardia Civil que investigara la actuación del delegado del Gobierno y el curso dado a las advertencias sanitarias.
Precisamente este lunes, la juez ha recibido un segundo informe del perito, en el que afirma que "la hecatombe en España" que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus "se veía venir" desde semanas antes del 8 de marzo.
