Economía.- El PP pide aumentar la transparencia en los procesos de resolución y más fondos para el MUS

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso requiere a los supervisores que se mejoren los mecanismos de resolución de entidades, incluyendo sobre todo la disposición de más información y trasparencia de los procesos, los motivos que llevan a tomar tal decisión, así como la documentación utilizada y las decisiones adoptadas.

"Se debe incrementar la información y transparencia a mercado, accionistas e inversores, sobre el proceso, los motivos, la documentación utilizada y las decisiones adoptadas", recoge el grupo parlamentario en el escrito de su propuesta de conclusiones en relación al dictamen de la comisión de investigación sobre la crisis financiera y el programa de asistencia en España.

Al mismo tiempo, el GPP pide que se mejoren los mecanismos de liquidez disponibles con carácter previo a la resolución de entidades, ya que una de las principales enseñanzas que puede extraerse del proceso de resolución de Banco Popular es la necesidad de reforzar los instrumentos de los que disponga el Mecanismo Único de Resolución en orden a proporcionar puntualmente liquidez a entidades financieras solventes, con el fin de solucionar problemas de esa naturaleza y limitar la necesidad de aplicar medidas más críticas.

Todo esto, según explica en el documento, es necesario para no debilitar el principio básico del Mecanismo Único de Resolución de evitar que sean los contribuyentes europeos los que acaben pagando, en todo o en parte, las consecuencias de las crisis de las entidades financieras de la Unión Europea.

También considera relevante establecer medidas que permitan formalizar el proceso en una etapa anterior, en el comienzo de análisis de alternativas, y ampliar los tiempos de decisión a efectos de resolución de una entidad.

Del mismo modo, pide regular el tratamiento de los instrumentos comercializados a minoristas, fijando su cómputo a efectos de MREL y posterior proceso de recapitalización en situaciones de dificultad, evitando situaciones como las vividas en reestructuraciones o resoluciones en las que los minoristas han podido soportar parte de la carga del coste de la decisión adoptada.

El GPP solicita, a su vez, que el Gobierno considera las medidas adoptadas para las entidades de cierta relevancia y tamaño, actualmente bajo supervisión europea, a las entidades menos significativas. "Se deben exigir los mismos estándares y esquemas de gobernanza y control", sostiene.

CASO BANKIA

La "muy elevada" exposición al riesgo promotor, inmobiliario y constructor que tenía Bankia, tanto en términos absolutos como en términos de concentración del riesgo en esos sectores, unida al impacto que la llamada 'segunda recesión' sufrida en España en el tercer cuatrimestre del ejercicio 2011, y que no fue prevista por ningún organismo público nacional o internacional en el momento del nacimiento de la entidad, supusieron una combinación "letal" que provocó la caída de Bankia.

En este sentido, GPP cree que la va viabilidad del grupo BFA-Bankia en el momento de su constitución y al tiempo de la subsiguiente salida a Bolsa se basó en unas proyecciones de negocio de esta entidad realizadas bajo la hipótesis de un entorno económico futuro mucho más favorable, y que era consistente con las estimaciones e hipótesis de evolución de la economía española que manejaban es ese momento los organismos.

No obstante, posteriormente se demostró lo erróneo de estas estimaciones y de los supuestos bajo los que se había constituido Bankia, y provocó que esta debiera llevar a cabo sus operaciones y la gestión de sus activos en un entorno económico mucho mas duro, que acabó provocando su caída.

Después de todo, el Grupo Popular reclama ahora que se planifique correctamente el proceso de privatización de la entidad para poder optimizar el uso de los recursos públicos y proteger al contribuyente.

EL DEBATE DE LAS CAJAS DE AHORROS

A medida que las cajas de ahorros fueron ampliando sus negocios, empezaron a aparecer dificultades de carácter estructural. La naturaleza jurídica de las cajas de ahorros ha sido foco de debates doctrinales.

Si bien es innegable el carácter social de las mismas, también lo es que actuaban en un mercado financiero altamente competitivo como requería la búsqueda de la eficiencia y la competitividad. "Parecía existir, o podía existir, por tanto, una tensión entre su carácter social y la búsqueda de beneficio", reza el texto.

Estos aspectos justificaron la presencia de los poderes públicos en sus órganos de gobierno, recogida por las comunidades autónomas en sus legislaciones específicas, que consideraban las cajas de ahorros como un instrumento relevante en su actuación de política y economía. "Este interés político perseguía, en ultima instancia, ejercer control sobre dichas instituciones, considerando su función social", explica.

EL BANCO DE ESPAÑA PODÍA HABER HECHO MÁS

A pesar de la opinión del Banco de España, las comparecencias más importantes de la comisión confirmaron que no anticipó una fase recesiva tan intensa y tampoco la llamada 'segunda recesión'. "Aunque el Banco de España piensa que se podría haber salido de la burbuja crediticia de forma suave, los datos a finales de 2007 eran tan desproporcionados que no creemos que fuera posible", subraya el GPP.

Sin embargo, el PP considera que el supervisor sí que podría haber hecho un mayor esfuerzo en lo que respecta a la concentración de riesgo en el sector constructor e inmobiliario, en torno al nivel de apalancamiento, la solvencia de los prestatarios, la proporción de préstamos hipotecarios en relación al valor de las garantías o los limites a la financiación de suelo.

También indica que todos los supervisores del mundo sabían que existía la burbuja y había instrumentos para ponerle freno, pero nadie lo hizo porque era "muy productivo y lúcido ver crecer el PIB y la recaudación tributaria.