• El Ayuntamiento ha impuesto dos sanciones de 30.000 euros a Airbnb, recurridas, y otra de 600.000, que también se recurrirá
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El Ayuntamiento de Barcelona ha exigido este martes que Airbnb retire 1.036 pisos ilegales ya sancionados y con orden de cese que siguen publicitándose en su web, en un plazo "razonable" máximo de un mes, y la plataforma detallará los próximos pasos para avanzar la próxima semana en una reunión con el consistorio.

Además, el Gobierno de Ada Colau exige a la plataforma no aceptar pisos en su web sin que antes especifiquen el número de licencia para asegurar que son legales, algo en lo que trabajan con el resto de plataformas de alojamiento turístico, ha señalado en declaraciones a los medios la teniente de alcalde Janet Sanz tras una reunión con Airbnb de cerca de una hora.

"Airbnb tiene la oportunidad de recuperar la confianza de la ciudad y de los vecinos", ha aseverado Sanz, que ha recordado que el Ayuntamiento ha impuesto dos sanciones de 30.000 euros a Airbnb, recurridas, y otra de 600.000, que también se recurrirá, y que planteó imponer otra de 600.000, la máxima sanción, que impondrá o no en base a como evolucione la situación.

Junto al concejal de Empresa y Turismo, Agustí Colom, Sanz ha recordado que trabajan con otras plataformas en mecanismos para que el número de licencia sea requisito para publicitar un piso entero, y en un protocolo mediante el que el consistorio verifique estas licencias y pueda notificar a las webs los casos en los que los números sean "falsos o duplicados" para que se retiren con celeridad.

Ha dicho que "el primer paso y el primer gesto" es que la plataforma retire estos 1.036 pisos, y que después trabajar en la obligatoriedad de facilitar el número de licencia para publicitar pisos, requirieron a los anfitriones rellenar un campo obligatorio en el formulario de registro de las viviendas, tras lo que Colom ha defendido que es Airbnb quien tiene en sus manos estudiar la lista de los 1.036 pisos y decir cómo los retirarán.

COMBATIR "MALOS ACTORES"

El responsable de políticas públicas de Airbnb, Sergio Vinay, ha reiterado en declaraciones a los medios que la plataforma pretende proteger a las familias que comparten su propia vivienda como herramienta para avanzar hacia el turismo sostenible y también combatir los "malos actores".

Vinay ha recordado que la plataforma ha retirado en unos meses unos 1.300 anuncios que podían "poner en riesgo la disponibilidad de alquiler a largo plazo en Ciutat Vella", mediante su política de que en el distrito cada anfitrión puede publicitar un solo piso.

La reunión se ha producido después de que Airbnb se comprometiera la semana pasada a retirar los pisos turísticos ilegales que el Ayuntamiento le notifique y pidiera al consistorio trabajar conjuntamente para asegurar que las familias que comparten su residencia habitual puedan seguir ofreciéndola mediante la plataforma.

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