El borrador del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE), que el Gobierno ha aprobado este martes, incluye una subida encubierta al Impuesto de Sociedades a grandes empresas que, a nivel impositivo, hará cosquillas a las compañías del Ibex, pero que a futuro puede provocar un auténtico terremoto en los 'holding' empresariales. La reducción de las deducciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales, acordado por la coalición PSOE-Unidas Podemos, tiene el potencial de precipitar una avalancha de reestructuraciones en grupos con una organización en niveles que, de mantenerse, conllevaría tributar en cada eslabón de la cadena.
El punto de partida no es nuevo. De hecho, ya estaba perfilado en el acuerdo de PGE de PSOE y Unidas Podemos de hace dos años; y en el acuerdo de Gobierno que sellaron el pasado mes de enero. Precisamente, esa es una de las principales críticas, según distintas fuentes, que las estimaciones realizadas hace dos años, o en enero, poco tienen que ver con un contexto de recesión como el actual. A día de hoy, la mayoría de las empresas, multinacionales incluidas, van a ver restringida de forma sustancial el dividendo de sus filiales, bien por prudencia contable o simplemente porque no haya dividendo que retribuir por estar en números rojos como consecuencia de la crisis.
DEL 100%... AL 95%
Hasta la fecha, todos los dividendos y las plusvalías de las filiales en el exterior están completamente libres de tributación en España, por considerarse que ya han rendido cuentas con la Hacienda local y evitar así la doble imposición. Pero, si la nueva medida se aprueba en el Congreso sin correcciones, pasarán a limitarse las exenciones de remuneraciones al accionista y beneficios empresariales por su participación en otras sociedades. De este modo, las exenciones en concepto de gastos no deducibles en el impuesto de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, se reducirán en un 5%. Es decir, las exenciones pasarán del 100% actual a un 95%. Y ese 5% de beneficios a repatriar tributaría a un tipo del 25%.
"Formalmente, el cambio va a ser como un peaje, que se hará en cada eslabón de la cadena de distribución de dividendo", explica Esaú Alarcón, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Abat Oliba CEU. "En cada fase, habrá un peaje del 1,25%", indica.
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Una situación que puede tener dos derivas. La primera, que las compañías opten por modificar esa estructura societaria para evitar ese pago de peajes tributarios en cascada. Es un desincentivo para este tipo de esquemas empresariales, como explica Alarcón. "Los 'holding' no solo existen por motivos fiscales, también operativos, de gestión de las inversión y transmisión de participaciones". Además, prevé que haya "operaciones de concentración empresarial si tienes empresas en cadena, con participaciones cruzadas, porque es una forma de evitar esos peajes".
'ENGORDAR' LAS FILIALES
La segunda derivada, que no se repatríen dividendos y, simplemente, las filiales hagan 'hucha' esperando un cambio fiscal más benévolo. "Se van a proteger filiales", indica Nicolás López, director de inversiones en M&G Valores AV. De esta forma, las compañías pueden decidir, simplemente, no repatriar los dividendos y dejarlos en las filiales esperando tiempos mejores para sus intereses.
Por eso, es difícil calcular el impacto real de esta medida. De hecho, los analistas no se ponen de acuerdo en las repercusiones. A nivel recaudatorio, según Luis del Amo, secretario general del Consejo General de Economistas, se parte de una repatriación de beneficios en el exterior próxima a los 100.000 millones de euros.
Por su parte, Nicolás López señala que, partiendo de esa cifra, el impacto teórico de lo que puede arañar ahora Hacienda con las nuevas medias fiscales se limita a unos 1.200 millones. Sin embargo, a las empresas no les causará ni frío ni calor en sus cuentas de resultados dada la coyuntura actual en la que "hay pérdidas y en muchos valores del Ibex no se reparten dividendos", recuerda Del Amo.
LOS PRÓXIMOS PASOS
Además, a partir de ahora comienza la tramitación parlamentaria, que como recuerda el secretario general del Consejo General de Economistas puede conllevar "correcciones" en el texto. De la misma opinión es José María Mollinedo, secretario general de Gestha, quien tiene claro que el cambio de fiscalidad "no va a suponer una quiebra importante a las empresas" y habrá que esperar a la redacción final para medir el impacto.
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Esta es una de las medidas fiscales que contempla el proyecto de ley que han presentado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Forma parte de una moderada reforma tributaria que también incluye una subida del 3% en el IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y un incremento del 2% para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Asimismo, el Impuesto de Patrimonio sufrirá una revisión al alza de un 1% para capitales de más de 10 millones de euros y las socimis deberán pasar a tributar un 15%, como mínimo. También reducirá desgravaciones de planes de pensiones privados.
Pero el camino hasta la aprobación de las cuentas de 2021 es largo y estas medidas pueden sufrir enmiendas y modificaciones. Por el momento, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará entrega este miércoles del clásico 'Libro Amarillo' de índice-resumen del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y a la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.
Tras recibir los Presupuestos, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se publicará ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Posteriormente, se sucederá la tramitación, con la comparecencia de altos cargos, el debate de las enmiendas de totalidad los días 11 y 12 de noviembre y, si se pasa ese trámite, pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre.
Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de las secciones, que en caso de derribarse una sola supondría la caída de todo el proyecto.
