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Telefónica ha querido rebajar la preocupación que ha suscitado la noticia de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) rastreará los móviles de los españoles durante ocho días para hacer un estudio sobre la movilidad. La operadora ha lanzado un mensaje en el que asegura que la recogida de datos se hará de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y que "no se pone en riesgo" la privacidad de los usuarios.

En una nota remitida a los medios, la 'teleco' que preside José María Álvarez-Pallete recuerda que la privacidad de los datos individuales de sus clientes es un asunto de "máxima prioridad", por lo que ha querido aclarar que el estudio de INE no va a afectarla en ningún sentido.

"Al tratarse de datos estadísticos anonimizados y altamente agregados, no contienen registros individualizados vinculados a personas físicas, no siendo posible su identificación y, en consecuencia, no se pone en riesgo su privacidad", ha explicado Telefónica sobre el estudio que prepara Estadística.

Y continúa remarcando que todas las acciones que se lleven a cabo irán "de conformidad con la normativa de Protección de Datos", que no es de aplicación a la información anónima con fines estadísticos o de investigación. Es decir, datos que no guardan relación "con una persona física identificada o identificable". Precisamente el INE había explicado que los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, de forma que no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada para no entrará en colisión con la normativa de Protección de Datos.

CONSERVACIÓN DE DATOS

Por otro lado, Telefónica hace referencia a la conservación de datos, y recuerda que la normativa establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la "conservación durante 12 meses de los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a sus clientes (como es el caso de los datos de tráfico y localización), así como a la cesión de los mismos identificados y asociados a la persona física a la cual pertenecen a los Agentes facultados (esto es, exclusivamente Cuerpos Policiales autorizados, personal del Centro Nacional de Inteligencia y de la Dirección de Vigilancia Aduanera) a través de la correspondiente autorización judicial, todo ello con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves previstos en el Código Penal o en las leyes penales especiales".

La 'teleco' insiste en que "en ningún caso se estaría vulnerando dicha norma" puesto que, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones 9/2014, de 9 de mayo, los operadores de telecomunicaciones están "obligados a anonimizar o cancelar estos datos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación y/o de facturación o pago". Remarca, en este punto, que los datos que forman parte de este proyecto del INE son anonimizados y, por tanto, no sería aplicable la normativa de protección de datos, no siendo necesario el consentimiento del usuario para ello.

Concluye señalando que la anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación "es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente", tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones.

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