• Seat ya ha aplazado la presentación del nombre de su nuevo SUV
  • Por parte de la compañía han explicado a Bolsamanía que "no tienen nada que decir sobre estas declaraciones"
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Fábrica de Seat en Martorell, línea de producciónEUROPA PRESS

En medio del brutal éxodo empresarial de Cataluña, durante en que más de 800 empresas ya han trasladado su sede social a otros puntos de España, Seat se ha puesto en centro del huracán al denunciar presiones “políticas y monárquicas” para seguir el mismo camino que Codorníu, Pastas Gallo o seis de las siete cotizadas catalanas.

Según declaraciones de Matías Carnero, presidente del comité de empresa de la planta de Martorell a la radio vasca EITB, la empresa ha recibido llamadas de las más altas instancias para emular a otras grandes compañías que ya se han dispersado por el territorio estatal. Por parte de la compañía han explicado a Bolsamanía que "no tienen nada que decir sobre estas declaraciones". Han insistido en explicar que la planta de Martorell funciona con absoluta normalidad, pero que "siguen muy de cerca como evoluciona la situación".

"Como cualquier empresa, necesitamos un entorno político estable que permita seguir invirtiendo para generar crecimiento y empleo, teniendo muy presentes los intereses de nuestros trabajadores y sus familias, y los de nuestros proveedores y clientes", añade la dirección del fabricante de vehículos de motor.

Carnero ha explicado también que “durante el encuentro en la Zarzuela después del 12-O hubo conversaciones en las que se habló del futuro de Seat”. Sobre quien ha podido llamar a la dirección, Carnero explica las relaciones de la empresa automovilística con el Estado y la monarquía: "el Rey y Mariano Rajoy conocen los directivos y los consejos de Seat, no olvidamos que uno de los consejeros del consejo administrativo es Josep Piqué, a partir de aquí, cada cual lo puede entender como quiera".

El cambio social sería transparente y no comportaría un gran trastorno, según Carnero, ya que Seat tiene una oficina en Madrid que "es donde hay el señor García Sanz, el presidente del consejo de administración, y sólo sería mover un teléfono, una silla y una mesa, más los impuestos que comportaría", aunque reitera que han recibido presiones porque "interesa" que Seat se mueva, pero remarca que ellos no se posicionarán.

Por ahora, el proceso independentista ya ha afectado a la compañía pilotada por Luca de Meo. El anuncio del nombre del nuevo modelo de la gama SUV ha visto retrasado 'sine die' su anuncio. Sólo han trascendido las cuatro ciudades finalistas cuyo nombre podría adoptar el nuevo vehículo: Alborán, Aranda, Ávila, y Tarraco.

El Govern está investigando "llamadas directas" a empresas para trasladar su sede fuera de Cataluña

EL GOVERN YA INVESTIGA LAS LLAMADAS A EMPRESAS

La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha asegurado que el Govern está investigando "llamadas directas" a empresas para trasladar su sede fuera de Cataluña. Así lo ha dicho este miércoles durante una visita en Tarragona para presentar la creación de nuevas plazas residenciales en la demarcación, remarcando que la Generalitat tiene conocimiento de llamadas para preguntar si algunas empresas cambiarían su domicilio social.

Bassa también ha publicado un apunte en su cuenta de Twitter recogido por 'Europa Press' el conocimiento de estas llamadas: "Algunas empresas han recibido presiones y a todas ellas les han quitado el derecho de decidir con un decretazo del Partido Popular", ha escrito en la red social.

NO HAY PRESIONES

La respuesta a estas acusaciones ha llegado por parte del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha advertido este jueves de que el cambio de domicilio social de 800 empresas en Cataluña es solo un "aperitivo" si se llegase a concretar una hipotética independencia, que sería "terrorífica" y un "suicidio económico", y ha negado que haya "ningún tipo de presión" para la salida de empresas.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el decreto ley que establece un nuevo marco para agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas en territorio nacional, ante el desafío independentista en Cataluña.

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