ep angel ron

El pleito que el expresidente de Popular Ángel Ron mantiene con Santander por su millonario bonus no ha terminado con la sentencia que daba la razón al banco. Su representación legal ha decidido interponer un recurso de apelación contra la misma en la que defiende que tiene derecho a este bonus, que asciende a unos 12,8 millones de euros. Además, critica que la jueza tiene "falta de competencia" en esta materia y acusa a Santander de haber manipulado actas del consejo de administración de Popular para ganar el pleito.

En el recurso, al que ha tenido acceso Bolsamanía, la defensa de Ron acusa a la magistrada de utilizar para sentenciar varias actas del consejo de administración y otros documentos que la propia defensa de Ron ha impugnado.

En primer lugar, critica un acta del consejo de administración del 19 de julio de 2017, cuando Popular ya estaba en manos de Santander, que la defensa de Ron considera "un documento creado ad hoc por la demandante para este pleito, apareciendo claramente manipulado, si es que existe alguno original, cercenado, con espacios en blanco y evidente eliminación de elementos esenciales de lo que pudiera ser un consejo de administración".

Entre estos elementos, se refiere a "la relación de consejeros que hubiesen podido reunirse, las deliberaciones, los asuntos a tratar, el resultado de las votaciones, el orden del día o las cuestiones sometidas a votación, ni siquiera, si se adoptó acuerdo alguno y la relación de votos a favor o en contra". Además, critica que el documento aparece firmado únicamente por José García Cantera, entonces presidente de Popular, y Adolfo Díaz-Ambrona Moreno, secretario.

También critican el uso, y por tanto impugnan, de otras actas del consejo, como la del 31 de mayo de 2017, de la que dicen que falta información relevante sobre los asistentes y también afirman que está creada "ad hoc para su aportación a este pleito".

Además, la defensa de Ron ha impugnado otros documentos, como el contrato de Ron como presidente ejecutivo firmado el 25 de febrero de 2015 y sus anexos, así como el documento de liquidación de haberes que el propio banco entregó a Ron. El acta del consejo de administración celebrado ese mismo día también ha sido impugnado al considerar que excluye algunos anexos importantes.

Además, la defensa de Ron critica a la magistrada responsable de la sentencia, de la que cree que tiene "falta de competencia" en la materia. "La sentencia es nula por falta de competencia de la jueza por razón de la materia, vulnerando el derecho al juez predeterminado por la ley", indica.

Cree, además, que la magistrada basa su sentencia en un hecho notorio "erróneo", que es que la entidad celebrase una junta de accionistas el 27 de julio de 2016, que "no tuvo lugar" y en la cual "tampoco se aprobó ninguna política de remuneraciones vigente para los ejercicios 2017, 2018 y 2019".

NO SE PUEDE ANULAR EL BONUS

En el recurso, la representación legal de Ron defiende que en este caso no son aplicables las cláusulas clawback y malus del contrato de Ron por dos motivos. El primero es que el bonus constituye una pensión por jubilación que el expresidente de Popular ha generado durante sus décadas de servicio al banco.

El segundo es que, siempre según la versión de su defensa, la guía de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) que regula la aplicación de estas cláusulas no estaba en vigor cuando se redactó el contrato y no puede aplicarse retroactivamente.

La representación legal de Ron critica, además, que el procedimiento de activación de estas cláusulas, que Popular inició cuando aún no había sido comprado por Santander, fue instigado por los miembros de la comisión de retribuciones Reyes Calderón y José Estévez, "figuras de reseñable protagonismo en la desestabilización y anómalo cambio de presidencia". El proceso se puso en marcha el propio 6 de junio de 2017, día que terminaría con la resolución del banco y posterior venta a Santander.

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