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La junta de accionistas del Royal Bank of Scotland (RBS) ha aprobado este miércoles continuar con la recompra de acciones al Gobierno británico, que actualmente controla el 62% de la entidad, para avanzar hacia la privatización del banco, después del rescate estatal que se produjo durante la crisis de 2008.

El Gobierno conservador dirigido por Theresa May ha dado libertad a los accionistas para decidir sobre la recompra de las acciones estatales, una posición rechazada por la oposición laborista, que ha afirmado que mantendrá el banco bajo control público si logra alcanzar el poder.

El Gobierno británico ha realizado dos ventas de acciones del RBS hasta ahora, la última en junio de 2018, cuando vendió 925 millones de acciones por 2.500 millones de libras (2.846 millones de euros), el mismo año en el que la entidad volvió a pagar dividendo a sus accionistas por primera vez en una década.

La venta de acciones del Gobierno ha supuesto importantes pérdidas para el Estado británico dado que el valor de las acciones del RBS se ha reducido casi a la mitad desde el rescate bancario, que tuvo un coste de 45.000 millones de libras.

“Si el RBS está ahora pagando dividendo y el precio de sus acciones está por debajo de lo que se pagó, no podemos ver la lógica de vender más acciones”, declara a Reuters Jonathan Reynolds, portavoz de Banca del Partido Laborista, que insistió en que un Gobierno de su partido no practicará una política de “control diario” sobre el RBS.

Las pretensiones iniciales del líder laborista, Jeremy Corbyn, de hacer 100% pública al RBS, se han visto atemperadas en los últimos meses en un intento de hacer al partido menos hostil a ojos de la City londinense ante las perspectivas de unas elecciones a corto plazo generadas por el caos del Brexit.

La resolución aprobada este miércoles por la junta del RBS limita a la compra de un máximo de un 4,99% del capital en manos del Estado británico al año. El ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, dijo, durante la presentación del Presupuesto de Otoño del año pasado, que el Gobierno tiene previsto culminar el proceso de privatización de la entidad para 2024.

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