El sector energético, y más concretamente el del gas, está que arde. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) aprobó en julio un duro recorte de los ingresos de eléctricas y gasistas de hasta 5.700 millones. Esta semana, el Gobierno ha criticado la medida y el sector ha incrementado la presión, pero el presidente del regulador, José María Marín Quemada, pretende mantener el hachazo, como ha adelantado Bolsamanía. ¿Quién tiene razón en esta guerra?
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Como suele ocurrir en estos casos, nadie tiene la razón al 100%. La CNMC explica que hay que revisar el marco regulatorio por ley y que tenía que haber un recorte porque el anterior sobrerretribuía a las empresas por el transporte y la distribución. Lo cual se ha traducido en que tienen una rentabilidad muy superior a la de los sectores no regulados y, sobre todo, en que el precio del gas en España es mucho más alto que en el resto de la zona euro. Algo que todos sufrimos en nuestras casas y por lo que la industria ha protestado en reiteradas ocasiones.
El sector, en cambio, sostiene que, con este hachazo, no podrá realizar las inversiones previstas ni realizar un adecuado mantenimiento de la red actual. Incluso algunas empresas muy afectadas, como Naturgy, advierten de posibles despidos. E insisten en que la medida es muy cortoplacista y no busca asegurar el suministro a largo plazo.
Además, está la cuestión de la inseguridad jurídica: muchos inversores internacionales han entrado en estas empresas o comprado activos con unas expectativas de rentabilidad que no se van a cumplir. Lo mismo que pasó con las primas a las renovables. Lo cual se traducirá en demandas y arbitrajes internacionales contra España que acabaremos pagando los contribuyentes.
Que el precio del gas es excesivo está fuera de toda duda. Por tanto, es lógico que se tomen medidas para rebajarlo. La cuestión es si esta es la mejor forma de hacerlo. 'Grosso modo', la factura depende en un 40% de la cotización del gas natural y en un 60% de costes ajenos, como estas retribuciones o, sobre todo, los impuestos. Hay que actuar sobre ese 60%, por tanto, y es lo que ha hecho la CNMC.
¿Y NADIE HA PENSADO EN BAJAR LOS IMPUESTOS?
Tal vez el recorte propuesto sea excesivo y podría buscarse algo menos dañino. Pero hay otra vía de rebajarlo mucho más efectiva que parece que nadie se plantea: reducir los impuestos. ¿Por qué el gas o la electricidad tienen que tener muchos más impuestos que los alimentos, la ropa o el cine? Además, gravar tanto a los suministros se contradice flagrantemente con las denuncias de pobreza energética: el Gobierno puede aliviar esa pobreza pero no hace lo que está en su mano, que es rebajar la carga impositiva. Pero ya se sabe que menos impuestos exigen recortar el gasto público, algo que para el Ejecutivo parece ser una línea roja.
Por eso, precisamente, la actitud del Ejecutivo en esta guerra es la más endeble, si no directamente insostenible. No se plantea bajar los impuestos, pero sí critica los recortes de la CNMC para ponerse al lado de las empresas. Detrás de esto hay una evidente guerra de poder, puesto que es la primera vez que la CNMC fija la retribución y hasta ahora lo hacía el Ministerio del ramo. Por otro lado, tampoco se aclara con la famosa transición energética, que en teoría debería favorecer el gas renovable: que no lo haga la CNMC es una crítica de la ministra Teresa Ribera, pero se compadece mal con que se ponga del lado del sector en la retribución del gas tradicional, el que contamina.
El sector va a seguir presionando al regulador, y más ahora que cuenta con el respaldo gubernamental. Pero Marín Quemada pretende resistir con uñas y dientes, y mantener los recortes. En esta guerra, lo único que es seguro es que no van a bajar los impuestos al gas y a la luz.
