La Junta Única de Resolución (JUR) ha confirmado esta semana lo que ya se esperaba: no compensará a los afectados por la resolución de Popular. La autoridad europea ha dado a conocer el último de los informes de Deloitte, que concluye que la decisión tomada en relación con la entidad fue menos perjudicial de lo que habría sido una hipotética liquidación del banco. Aunque se trata de una decisión provisional, lo más probable es que dentro de unas semanas la definitiva sea la misma. ¿Qué pueden hacer en esta situación los afectados?
¿PUEDEN REBELARSE CONTRA ESTA DECISIÓN?
Tras publicar el último informe de Deloitte, la JUR abrió un proceso de derecho de audiencia hasta el 14 de septiembre. Mediante esta vía, los afectados podrán expresar sus comentarios en relación con esta decisión, para lo cual deberán verificar su identidad y proporcionar un título de propiedad de alguno de los instrumentos que fueron amortizados con la resolución de Popular.
La autoridad europea los estudiará antes de emitir una conclusión definitiva, pero, con mucha probabilidad, será la misma que la preliminar. “La JUR está cumpliendo estrictamente con el procedimiento escuchando a los afectados, pero dudamos mucho que modifiquen su decisión, sería tanto como reconocer que la medida tomada en 2017 fue un error”, lamenta la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
¿DEBEN CONTINUAR PELEANDO EN LOS TRIBUNALES?
Desde Asufin consideran que los afectados por la resolución de Popular no solo pueden, sino que deben continuar con la pelea judicial. “La JUR simplemente está confirmando sus decisiones y solo queda seguir trabajando en la defensa de los afectados frente a Banco Santander como sucesor legal de Banco Popular”, apunta Suárez. La decisión de la JUR de no compensar a los afectados solamente les deja la vía de los tribunales para recuperar su dinero.
Algunos de los afectados, los clientes que acudieron a la ampliación de capital de 2016, tuvieron la oportunidad de aceptar el bono de fidelización que diseñó Santander, un acto que implicaba la renuncia de acciones legales contra el banco por este tema. Pero los que no lo hicieron o no pudieron por no cumplir los requisitos tienen varias vías judiciales.
Desde Asufin siguen dos. Por una parte, la asociación está personada como acusación popular en la causa penal que se instruye en la Audiencia Nacional. Por otra, ha pasado de lo penal a lo civil y ha comenzado a presentar demandas individuales en este ámbito. “La causa penal es importante para recabar pruebas que podamos aportar en la defensa civil de los afectados”, apunta la presidenta de Asufin, que ya ha logrado siete sentencias favorables en este caso.
¿EL INFORME AFECTA A LA BATALLA LEGAL?
Este informe aclara que una hipotética liquidación de Popular habría sido peor que la resolución que efectivamente se llevó a cabo, pero esto no significa que los pleitos no tengan base. Suárez opina, de hecho, que en el pasado se ha demostrado “en numerosas ocasiones” que “los informes de las grandes consultoras no han sido acertados, por lo que no han supuesto ningún impedimento en sede judicial”.
“Son muchos los indicios, como el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que nos permiten afirmar que el informe de Deloitte no responde a la imagen fiel de Banco Popular y estamos seguros de que lo demostraremos en tribunales”, señala Suárez.
El socio director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, por su parte, cree que la batalla se ha de dar en España, donde Santander, como su propietario desde junio de 2017, debe responder por Popular. "Tenemos en España sentencias que han condenado al Santander a indemnizar a los accionistas afectados", explica.
Por su parte, Richard East, socio director del despacho que representa a Pimco, Anchorage o Algebris en esta batalla judicial, Quinn Emanuel, ya ha advertido de que el bufete revisará las “supuestas bases utilizadas” para llegar a la conclusión de que los afectados no deben ser compensados por parte de la JUR.
¿ES RECOMENDABLE LANZAR UNA ACCIÓN COLECTIVA?
Desde Asufin piensan que no. “No sólo no lo haremos, sino que lo desaconsejamos rotundamente para un caso como este en el que se trata de recuperar importantes sumas de dinero de los afectados”, señala Suárez, para quien promover este tipo de acciones en un caso como este, no en otros como el de las cláusulas suelo, es “una irresponsabilidad”. “Una cosa es la unión de los afectados, que valoramos como positiva, otra muy distinta es recomendar su defensa colectiva”, añade.
No obstante, muchos bufetes y otras asociaciones de consumidores sí están promoviendo demandas colectivas, puesto que disparan los ingresos de los abogados con el mismo coste de presentar una sola demanda.
