S&P Global Rating ha concluido que el cambio regulatorio que pretende retraer beneficios de las eléctricas para abaratar la factura de la luz puede impactar directamente en la capacidad financiera de las compañías para desarrollar sus programas de desarrollo de energía renovable, así como la reasignación de fondos fuera de España, tal y como se recoge en el informe que ha estudiado la situación del mercado español tras los últimos movimientos políticos.
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"Estas medidas también podrían ralentizar el proceso al restringir la flexibilidad financiera de las empresas de generación de energía. Sobre todo porque las nuevas medidas penalizan a las empresas que han empezado a invertir en la producción de electricidad más limpia, como la procedente de la energía hidráulica, la nuclear y las renovables", dicen los expertos de S&P en el informe.
Con el proyecto que ha impulsado el Ejecutivo, uno de los principales objetivos es conseguir energía de fuentes limpias, como la eólica y la solar, pero la quita de ganancias a las compañías puede llevar a todo lo contrario. Ya no solo por la falta de fondos que tendrían las propias empresas, sino por las inversiones que acabarían en otros países. "Creemos que la incertidumbre regulatoria derivada de las medidas del Gobierno podría llevar a ciertas empresas de servicios públicos a revisar su asignación de capital en España", afirman los analistas, que llegan a tildar de "crítica" la situación de cara al exterior.
Ante este escenario, desde S&P se aventuran a prever que esto provocaría que el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no pudiera cumplir con sus objetivos, debido a que, según los propios datos que recoge, harían falta 241.000 millones de euros en inversiones para que el 74% de la electricidad producida en 2030 sea de fuentes renovables.
"También prevemos implicaciones en los costes de financiación y en la disponibilidad de financiación para nuevos proyectos energéticos en medio de una mayor incertidumbre operativa", añaden.
Esta situación, según S&P, es única en Europa, puesto que el resto de países han optado por la reducción de impuestos relacionados con la electricidad para abaratar la factura. Desde la agencia creen que España se ha lanzado a la piscina con este paquete de medidas tan restrictivas por la presión social debido a la menor renta per cápita que hay en nuestro país, mientras que el precio de la luz es similar al del resto del continente.
