• En caso de sentencia condenatoria, Nueva Pescanova asumiría las consecuencias económicas
  • El juez pide para el expresidente Manuel Fernández de Sousa una pena de 31 años de cárcel
Pescanova 25112015

Pescanova ha informado este jueves de que las fianzas impuestas por la Audiencia Nacional por haber maquillado presuntamente las cuentas de la compañía podrían provocar "una situación de insolvencia temporal”, lo que supondría un “gravísimo e injustificado perjuicio” para los 9.000 accionistas de la compañía.

Según un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pescanova señala que “como consecuencia de los hechos atribuidos a sus antiguos administradores”, se exige a Pescanova una fianza de 348,2 millones de euros para responder a las multas, y otras fianzas por importe de 602,9 millones de euros conjuntamente o subsidiariamente con otros acusados para garantizar la responsabilidad civil consecuencia de estos actos.

Pescanova ha anunciado que presentará recurso contra el auto que ha dictado el magistrado José de la Mata, “puesto que una eventual ejecución en el patrimonio de la sociedad por estos importes podría provocar una situación de insolvencia temporal”. El grupo critica que los accionistas “perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital” de la compañía.

Por último, el grupo defiende que la potencial sanción económica y cualquier posible responsabilidad civil resultante de una hipotética sentencia condenatoria contra Pescanova “estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal” en el que estuvo inmersa la compañía. Por ello, y según los acuerdos de fusión y segregación de 2016, por los que se creó Nueva Pescanova, será esta sociedad la que responderá de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria.

JUICIO ORAL CONTRA EL EXPRESIDENTE FERNÁNDEZ DE SOUSA

El magistrado José de la Mata ha abierto juicio oral contra el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa y otras 18 personas por maquillar presuntamente los estados financieros entre los años 2009 y 2012 para ocultar las pérdidas millonarias de la pesquera, lo que llevó a que tuviera que acogerse a concurso de acreedores.

Para la empresa matriz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita una multa superior a los 348 millones de euros por los delitos de falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible mientras que a BDO Auditores se le fija 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y subsidiariamente respecto de su socio auditor Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros.

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