El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una consulta pública previa para la elaboración de los reales decretos por los que se establecen las metodologías de cálculo de los cargos del sistema eléctrico y del sistema gasista y de las retribuciones y cánones de los almacenamientos subterráneos de gas natural.
Con esta consulta, abierta hasta el próximo 31 de mayo, el gabinete dirigido por Teresa Ribera busca recabar la opinión del sector con el objeto de elaborar estas normativas que regularán los cargos que se aplicarán a los usuarios de los sistemas eléctrico y gasista español.
El Gobierno transfirió el pasado mes de enero a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la competencia para fijar las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y la metodología para el establecimiento de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deberán satisfacer los usuarios de ellas con el fin de cubrir las retribuciones de las actividades de transporte y distribución del sector eléctrico.
En el caso del sector gasista, otorgó al 'superregulador' la competencia para fijar las retribuciones, peajes y cánones de acceso de gasoductos de transporte y plantas de regasificación.
No obstante, el Ejecutivo se quedó con la elaboración de la metodología de cargos, que deberá ser aprobada antes del 1 de enero de 2020, que deberán satisfacer los consumidores y, en su caso, los productores de energía eléctrica, y que cubrirán los costes del sistema.
Para este ejercicio, la estimación total de costes regulados del sistema eléctrico se prevé que ascienda a unos 17.800 millones de euros, de los cuales 7.250 millones de euros corresponden a los costes que suponen la retribución de las redes, mientras que el resto de costes ligados a la política energética se sitúan en unos 10.600 millones de euros.
Así, los costes de las redes serán cubiertos en su totalidad por los peajes de acceso a la red, mientras que el resto de costes procederán de cargos y otros ingresos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El Ministerio señala que la metodología de cargos del sistema eléctrico deberá establecer cuáles son las variables utilizadas para repartir dichos costes, de tal manera que el reparto no resulte "discriminatorio y responda a las políticas energéticas impulsadas por el Gobierno, es decir, que impulsen la eficiencia, la electrificación de la economía y la transición energética justa".
ABRE LA PUERTA A INTRODUCIR OTRAS VARIABLES
Tradicionalmente los costes, tanto los relativos a redes como otros costes, han sido sufragados, en su mayor parte, por los consumidores a través de los peajes de acceso, diferenciados por niveles de tensión y bloques horarios, atendiendo a la potencia facturada (término fijo) y a la energía consumida (término variable), aunque para esta nueva metodología el Gobierno abre la puerta a introducir otras variables, como la vivienda habitual o segunda residencia, las características socioeconómicas de los consumidores u otras variables que se consideren apropiadas para el reparto de los costes a financiar con los cargos.
Asimismo, también subraya la necesidad de realizar un análisis sobre los criterios de asignación de cada uno de los costes que sean susceptibles de financiarse a través de cargos y la forma en que la información relativa a los cargos aparecerá en las facturas emitidas por las comercializadoras, a los efectos de garantizar que la información que se suministra a los consumidores aparece de manera "sencilla y comprensible".
SISTEMA GASISTA
En el caso del sector gasista, el Gobierno también debe aprobar antes del 1 de enero de 2020 la metodología de cálculo de los cargos del sistema.
El Ministerio señala que con esta norma pretende establecer la metodología para realizar la estimación anual de conceptos de costes incluidos en los cargos, como son la cuota de la CNMC o el coste diferencial del suministro en territorios insulares, así como la elección de los puntos del sistema gasista donde se han de aplicar los cargos, y si la estructura de cargos debe ser coherente o similar a la estructura de peajes de acceso a redes de transporte y distribución que establezca el regulador, entre otras medidas.
Asimismo, considera que esta metodología de cargos y peajes y cánones puede contribuir a alcanzar sus objetivos de descarbonización de la economía y fomento de la competitividad industrial mediante la competencia entre comercializadores y el aumento del uso de las instalaciones, con el consiguiente incremento de ingresos.